Juntos por el Cambio decidió no dar acuerdo al nuevo protocolo de funcionamiento remoto en el Senado por lo que votará en contra y mantendrá su cuestionamiento a la legalidad de las votaciones. En ese marco los senadores de la principal oposición buscarán invalidar el debate y la votación del proyecto de ley que reduce los recursos que Nación transfiere a la Ciudad por el traspaso de competencias de la Policía Federal. Con el mismo criterio cuestionarán la votación del nuevo Régimen de la Economía del Conocimiento. Lo que también decidieron es que participarán de toda la sesión, usarán todo el tiempo disponible para expresarse y recién se desconectarán cuando se sometan a votación las iniciativas. La Vicepresidente difundió a última hora, un decreto de ampliación del orden del día para dar ingreso al Senado a un listado de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Radicales y macristas mantuvieron intensos debates durante los últimos días respecto a si debían asistir o no a la sesión. La tensión se profundizó luego de que Cristina Fernández, impulsara la renovación del protocolo de funcionamiento remoto sin incluir pedidos de la oposición como la realización de reuniones de Labor Parlamentaria y que se permita mayor presencialidad en el recinto. El kirchnerismo impuso la modalidad por teleconferencia por otros 60 días y con el voto de la mayoría de los presentes. La oposición considera que son necesarios dos tercios de los votos por lo que se presentó un amparo judicial. Esta semana y para buscar un punto de acuerdo hubo varias charlas entre el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y José Mayans del Frente de Todos.
Luego de intensos debates, la Vicepresidente accedió a modificar algunos aspectos, pero esto no alcanzó a satisfacer a los opositores: sólo dos senadores extra por cada uno de los bloques mayoritarios podrán estar en el recinto, escribió en un nuevo decreto Cristina Fernández. Tras un largo zoom, los senadores coincidieron en que era mucho menos de lo solicitado y que el nuevo decreto cita justamente al protocolo que se votó con mayoría y no dos tercios de los votos. Votar a favor de la enmienda sería una marcha atrás en el amparo judicial que algunos senadores no están dispuestos a dar. Fue la posición que primó en el interbloque donde además no están de acuerdo con la agenda de temas que propone el oficialismo. A pesar del insistente reclamo por el reglamento, la pelea mayor será por el Convenio de Transferencia Progresiva de facultades y Funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pedido del Poder Ejecutivo se fijarán, a partir de la sanción de la ley, las partidas presupuestarias. En los hechos implica una nueva quita para la Ciudad que se suma al decreto presidencial que redujo en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la vía de un decreto. Varios senadores querían dar el debate, como lo hicieron en la comisión de Asuntos Constitucionales. Son los que asumieron la voz de la defensa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores por la Capital, y Esteban Bullrich y Gladys González que a pesar de representar a Buenos Aires, provincia que recibirá lo que se le quite a la Ciudad, consideran inconstitucional el convenio.