El gobierno porteño no formará parte de la reunión propuesta por el Gobierno nacional, para coordinar el operativo de seguridad que se desplegará la semana próxima ante el Congreso cuando se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de legalización del aborto. Ésta es la primera consecuencia directa de la ofensiva oficialista para quitarle recursos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y grafica el peor momento de la relación entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta: hoy están cortados los puentes entre ambas administraciones y no existe ninguna instancia de diálogo. Cerca del jefe de gobierno admiten que “se complicó” la estrategia jurídica que mantenían luego de que el kirchnerismo avanzara en Diputados con la quita de fondos mediante una ley, que tiene más consistencia que el decreto firmado tras la revuelta policial en la provincia de Buenos Aires, por lo que es probable que en los próximos días Rodríguez Larreta presente una ampliación de la demanda ante la Corte. El temor es que el máximo tribunal considere abstracta la presentación efectuada por el gobierno porteño en septiembre, ya que se trata de una medida cautelar cuyo origen fue el decreto del Poder Ejecutivo Nacional para disponer la reducción en la coparticipación, pero ahora se instrumentará mediante una ley. Según el proyecto impulsado por el Frente de Todos, se conformará una comisión para que en un plazo de 60 días analice con más detenimiento el recorte de los fondos que recibe la ciudad de Buenos Aires para solventar el traspaso de su Policía. Esa comisión también estará integrada por los 19 gobernadores que publicaron una solicitada en apoyo de la medida que impulsa el oficialismo y para cuestionar la presentación judicial de Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema.
En el gobierno porteño no hay certezas sobre cuál será la decisión del máximo tribunal de Justicia. “Con esta Corte nada está garantizado”, afirman en el entorno de Rodríguez Larreta, que planea presentar la ampliación del recurso y “luego esperar a ver qué pasa”. “Veníamos bien en nuestra estrategia judicial porque el Gobierno estaba flojo de papeles con el decreto y por eso apuraron la ley”, agregan. El choque puede crecer porque, según admiten en la Ciudad, “la línea de negociación se cortó hace rato”. En la visión del larretismo, “con el gobierno nacional hablás y no se mueven de sus números, pero una negociación es cuando las dos partes ceden algo, ellos pretenden un acuerdo unidireccional”. Hoy no hay contacto con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, uno de los interlocutores de Larreta, pero tampoco con otros miembros del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, considerado un amigo por el jefe de gobierno y por el vicejefe, Diego Santilli: “Siempre dijo que iba a ayudar, pero Sergio fue el que aporta el voto 129 para dar quórum. Es amigo, pero cuando Máximo Kirchner lo puso contra la pared, se acabó el partido”, se quejan allegados a Larreta. Para el gobierno porteño, de todas formas, es entendible la postura del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuyos diputados apoyaron el proyecto oficialista, porque “tiene problemas de fondos importantes, como muchas provincias, y eso lo obliga a alinearse con el gobierno nacional”.