Trabajadores de la construcción nucleados en el gremio UOCRA, se movilizaron para reclamar la continuidad de la ampliación del complejo penitenciario de Marcos Paz, cuya paralización causó el despido de 400 obreros, en el marco de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción de esa obra es la primera consecuencia directa de la disposición de la Casa Rosada contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que también puso en pie de guerra al Sindicato de Camioneros ante la posibilidad de que le recorten dos días laborales al personal de la recolección de residuos. La marcha de los manifestantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, comenzó en la sede del gremio, en la avenida Belgrano y Combate de los Pozos, y finalizó en el edificio del gobierno porteño, ubicado en el barrio de Parque Patricios. En marzo de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un acuerdo entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que se anunció el traslado de la cárcel de Devoto a un nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz y se acordó que la Ciudad construyera antes la nueva cárcel y afrontara el costo de la construcción. En realidad, el convenio estipula que la Nación aportaba el 50% de los fondos para esa obra y la Ciudad el 50% restante, pero ahora el gobierno porteño dejó de pagar el certificado de obra a la empresa Constructora Sudamericana y el jueves 3 envió 400 telegramas de despido. Con el comienzo de la cuarentena obligatoria, las obras se paralizaron y luego pudieron reanudarse, pero ahora volvieron a pararse ante los recortes dispuestos por la Ciudad.
En el caso de los camioneros, el gobierno porteño está conversando con el gremio para suspender el servicio de recolección de residuos un día por semana y los feriados, porque necesitan bajar los costos en diversos rubros desde 2021: el contrato vigente para que seis empresas realicen esta tarea es de $30.000 millones por año y la idea es reducir alrededor de $3.000 millones. El secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, advirtió que “reducción de días es reducción de trabajadores y nosotros no vamos a aceptar reducción de nada”, y sostuvo que “hubo un compromiso de Rodríguez Larreta de que no se iba a bajar ningún puesto de trabajo”. Aparicio aseguró que el gobierno porteño “con nosotros no está negociando nada” y respecto de la posibilidad de disponer protestas, afirmó que “si llegan a hacer algo que perjudique a los trabajadores, la medida de fuerza es automática, no hay que hacer ningún plenario”. Las tratativas para renegociar el contrato con las empresas están a cargo de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, pero con los sindicalistas dialoga el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis. En el caso del conflicto con Camioneros, se prevé una charla en el nivel más alto entre el líder del sindicato, Hugo Moyano, y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, quien fue el tradicional nexo entre el macrismo y el moyanismo.