El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear la inconstitucionalidad de la ley que sancionó el Congreso el pasado 10 de diciembre, con la que se le recortan fondos a la Ciudad de la coparticipación federal. Larreta presentará una medida cautelar que sostiene que: “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia” y amplían: “La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”. Entre los principales motivos que esgrime el mandatario porteño es que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la Ciudad, dejando de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”. Desde el entorno de Larreta describen el perjuicio que se le ocasionó al distrito desde que Alberto Fernández firmó un decreto en septiembre de este año que luego el Congreso ratificó con la sanción de una ley: “La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado”.
La pelea por los fondos para la Ciudad viene de lejos, desde antes que se desatara la pandemia en nuestro país. Pero después de una “tregua” que se prolongó durante los meses más duros del coronavirus, recrudeció en septiembre cuando Fernández firmó el decreto 735. Allí, mientras se multiplicaban los reclamos salariales de los efectivos de la policía bonaerense, decidió que a la Ciudad se le iban a sacar 150 millones de pesos diarios y que se los destinaría a la provincia de Buenos Aires dirigida por Axel Kiciloff. La reducción de un poco más de dos puntos de la coparticipación pasó a ser del 3,5% a un 1,4% del Presupuesto nacional. Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires, anualmente, percibirá 62 mil millones de pesos menos. El 18 de septiembre, Rodríguez Larreta, a través de la Procuración de su distrito, presentó una acción de inconstitucionalidad, que incluía una cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de frenar esa poda de fondos. El 1º de enero, la Corte entrará en feria judicial y todavía no se pronunció sobre este primer pedido. Según expresa esa ley la Nación dejará de enviarle en forma automática a la Ciudad los fondos de coparticipación para que afronte los gastos destinados a la seguridad. Por su parte, la administración de Larreta, en muestra de un ajuste mayor que el esperado, impulsó nuevos impuestos: subió la alícuota de Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos, eliminó la exención de Ingresos Brutos sobre las LELIQs y dispuso que se le cobre un 1,2% a los gastos que se hagan con tarjetas de crédito dentro de su ámbito. Además, se anunció que se paralizarán importantes obras públicas como la mudanza de la cárcel de Devoto y la urbanización del predio del Mercado de Hacienda en Mataderos.
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