Por Rashad Aslanov
Embajador de Azerbaiyán en Argentina
“Para que el mal florezca, sólo se requiere que los hombres buenos no hagan nada”
Simon Wiesenthal.
El año pasado se puso punto final a uno de los llamados “conflictos congelados” del mundo. La segunda guerra de Nagorno Karabaj concluyó con la liberación de los territorios que Armenia había ocupado ilegalmente, desde hace casi treinta años, y fueron implementadas las cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En un contexto de convulsión, en el transcurso del proceso de desintegración de la Unión Soviética, Armenia aprovechó las circunstancias para desplegar sus fuerzas armadas con el objetivo de perpetrar una limpieza étnica brutal contra los azerbaiyanos y ocupar ilegalmente no sólo región de Nagorno Karabaj, sino otros siete distritos adyacentes de Azerbaiyán. Expulsados, muertos, desaparecidos, heridos; cerca del 10 por ciento de la población de Azerbaiyán se ha convertido en desplazados internos. Y dicha invasión no fue pacífica, sino que fue muy sangrienta y cruel, mediante el uso de los métodos fascistas. Así lo determinan numerosos documentos, investigaciones y pruebas oficiales. Uno de los capítulos más trágicos de estos hechos es la masacre de Jodyalí, aún pendiente de la Justicia. En la noche del 25 de febrero de 1992, las tropas del ejército regular de Armenia, con el apoyo de las unidades motorizadas del ejército de la entonces URSS, ingresaron a Jodyali y ejecutaron una matanza contra los civiles. Jodyalí era una ciudad donde, según el censo soviético de 1989, vivían 6 mil personas y tenía un elemento estratégico, su ubicación; pero, además, poseía el único aeropuerto de la zona. Sin aviso previo, por la madrugada del 26 de febrero, los militares armenios tomaron por sorpresa a este poblado y llevaron a cabo una masacre atroz que causó la muerte de 613 civiles, entre ellos 63 niños y 106 mujeres. 1275 personas fueron tomadas como rehenes, 150 personas aún siguen desaparecidas, porque nadie nunca pudo hallar evidencias sobre sus vidas o de sus restos. Todas estas víctimas civiles fueron personas totalmente inocentes, por lo tanto, este acto inhumano ha sido un crimen de guerra. La organización Human Rights Watch categorizó esta matanza como “la mayor masacre ocurrida en una sola jornada durante la guerra de Nagorno Karabaj”. La masacre de Jodyalí es uno de los actos más tenebrosos de violencia étnica de finales del siglo pasado, un genocidio cuyo motivo ha sido no solamente la conquista territorial, sino la intensión de asesinar a los civiles por su identidad y origen étnico.
Someter a la población civil a una invasión militar, atacar y asesinar a los civiles se considera una violación a los derechos humanos universales. En la actualidad, Armenia intenta por todos los medios ocultar la verdad, para que el mundo no sepa lo que ocurrió en Jodyalí el 25 de febrero de 1992. La República de Armenia tiene toda la responsabilidad por el genocidio de Jodyalí, que está explícitamente confirmado por numerosos hechos, incluidas pruebas y registros de investigación, testimonios de testigos presenciales, informes de los medios internacionales y documentos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Serzh Sargsyan, el ex presidente de la República de Armenia, en una entrevista a un reportero británico, reveló su rol en la masacre al declarar: “Antes de Jodyalí, los azerbaiyanos pensaban que podían jugar con nosotros, pensaban que los armenios eran incapaces de levantar una mano contra la población civil. Nosotros logramos romper ese estereotipo y esto fue lo que ocurrió”. En su sentencia del 22 de abril de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo la siguiente observación, que no deja dudas sobre la cuestión de la calificación del delito y la consiguiente responsabilidad del mismo: “Parece que los informes disponibles de fuentes independientes indican que en el momento de la captura de Jodyalí, en la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, cientos de civiles de origen étnico azerbaiyano fueron presuntamente asesinados, heridos o tomados como rehenes, durante su intento de huir de la ciudad capturada, por combatientes armenios que atacaban la ciudad”. La Corte calificó el comportamiento de quienes realizaron la incursión como “actos de especial gravedad que pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”. El pueblo de Azerbaiyán recuerda a estas víctimas de la agresión armenia y pide justicia por ellas. Y aquellas no son las únicas víctimas, porque a lo largo de décadas, Armenia ha perseguido la política constante de agresión contra Azerbaiyán y su población civil. Cabe señalar que en el transcurso de la segunda guerra de Nagorno Karabaj, en 44 días de conflicto, más de un centenar de civiles azerbaiyanos, entre ellos los niños y mujeres, fueron asesinados por los bombardeos de Armenia dirigidos contra las zonas residenciales alejadas de la línea de los combates.
Atacando a la población civil y las infraestructuras de ciudades tan populosas de Azerbaiyán como Ganja, Barda y Tartar, ubicadas lejos del campo de batalla, Armenia una vez más recurrió a cometer los mismos crímenes de guerra en 2020 que en 1992 y, de hecho, esta vez utilizó armamento más letal, incluyendo bombas de racimo y sistemas de cohetes para causar más bajas entre la población civil, según la fiscalía General de la República de Azerbaiyán, como resultado de los ataques con cohetes y artillería pesada, más de 100 civiles, incluidos 12 niños y 27 mujeres, murieron, 423 civiles resultaron heridos. Tanto el genocidio de Khojaly de 1992 como el bombardeo de la población pacífica en 2020 representan una prueba clara de la política deliberada y los actos de violencia sistemática de las autoridades de la República de Armenia contra los civiles azerbaiyanos. El recuerdo y memoria de las víctimas de Jodyalí es también un clamor al mundo entero, para que nunca más vuelvan a ocurrir estas masacres injustificadas y criminales como las que Armenia ha cometido contra el pueblo de Azerbaiyán. Los parlamentos de 17 países del mundo, entre ellos México, Colombia, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú, Guatemala y más de veinte estados de Estados Unidos aprobaron resoluciones condenando el genocidio de Jodyalí. Es obvio que la impunidad de la que aún disfrutan los autores de los crímenes sigue impidiendo el avance en el logro de la paz duradera y la reconciliación entre Armenia y Azerbaiyán. Por lo tanto, el establecimiento de la verdad con respecto a las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, la reparación adecuada y efectiva a las víctimas y la necesidad de acciones institucionales para evitar la repetición de tales violaciones, son todos los complementos necesarios para un verdadero proceso de acercamiento y convivencia pacífica entre las dos naciones. Como lo presenciamos justo después de la segunda guerra mundial en Europa.