SANCIONES: “NACIÓN NO TIENE JURISDICCIÓN”

El gobierno porteño relativizó la advertencia que hizo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a las escuelas privadas que no cumplan con los alcances del DNU que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana. Su par porteña, Soledad Acuña, afirmó que el Ejecutivo “no tiene jurisdicción para apercibir” a los establecimientos del distrito que no acaten las restricciones y dijo que la nota les “llamó la atención”. Acuña planteó que la nota que el Gobierno les envió a los centros educativos “tiene intención de poner incómodos a los directores de escuelas y apoderados legales” de los establecimientos y que “produce peor clima y más incertidumbre”. Pidió “dejar de generar angustia y generar previsión para más adelante”. Ratificó que sostienen la postura de mantener las clases presenciales y mencionó el fallo de la Cámara porteña que habilitó esta modalidad. Manifestó que esta resolución “reconoce la competencia de la ciudad de Buenos Aires” para tomar decisiones con respecto a la política educativa en el distrito. Con expectativa sobre la definición de la Corte Suprema por el amparo que presentó la administración de Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales, la funcionaria anticipó que si el máximo tribunal dispone que deben cumplir con el DNU van a “acatar la norma”. Acuña dijo que no tienen como política que “discutir las normas” y que toman decisiones que están avaladas por la evidencia. Adelantó que en los próximos días tendrá una reunión con Trotta: “Nos estaremos encontrando, hay muchos temas para dialogar y debemos buscar acuerdos”, dijo la funcionaria. Las cámaras de colegios privados se reúnen hoy con Trotta, después de la carta firmada por el titular de Educación y su par de Justicia Martín Soria a estas asociaciones para que garanticen las clases virtuales en línea con el DNU. El Ejecutivo les envió el miércoles una carta a las cámaras que nuclean los colegios privados para que acaten el DNU que suspendió las clases presenciales en AMBA hasta el 30 de abril. En la nota les advirtió que el incumplimiento de esta medida “podría encuadrarse en los delitos de desobediencia civil y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia”. De acuerdo al Gobierno “se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires” que ratificaron la apertura de las aulas, en contra de la decisión de Alberto Fernández.