ECUADOR: REFORMA CONSTITUCIONAL

Ecuador celebrará el próximo año una consulta popular sobre temas como seguridad, fortalecimiento de la democracia, involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha del crimen organizado y reducción del número de diputados en el Congreso, cuyo objetivo medular radica en la instrumentación de cambios en la Constitución, anunció este lunes el presidente Guillermo Lasso. En un acto realizado en Quito, Lasso adelantó las ocho preguntas a las que deberá responder la población y que fueron entregadas a la Corte Constitucional para su validación, informó el diario local El Comercio. La consulta “enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado; me refiero sobre todo a la seguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia”, expuso el mandatario desde un parque en el norte de la capital, Quito. El jefe de Estado propuso permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el manejo de la seguridad interna para combatir al crimen organizado y narcotráfico, que van en aumento. También planteó la extradición de ecuatorianos implicados en delitos transnacionales y que la Fiscalía se encargue de sancionar a funcionarios judiciales que incurran en faltas. La Constitución señala a los militares como los encargados de defender la soberanía territorial, pero no del orden interno. Además, prohíbe la extradición de ecuatorianos y establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la disciplina dentro de la función judicial. Enfrentado con el Legislativo, donde la oposición está dispersa, aunque es mayoría, Lasso también planteó una reducción en la cantidad de diputados, de 137 “a un número cercano a 100”. “Reduciendo el número de asambleístas incrementaremos también el control, la vigilancia y la exigencia ciudadana sobre ellos”, argumentó Lasso, quien en junio pasado sobrevivió a un pedido de destitución por parte del Congreso, en medio de accidentadas protestas contra el alto costo de vida. Otras inquietudes apuntan a más controles a los partidos políticos y que se elimine la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana -creado en el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa- para designar autoridades.