BLOQUEAN CUENTAS DE BOLSONARO

Luego del intento de golpe llevado adelante por cientos de bolsonaristas radicales en Brasilia, el fiscal general adjunto del Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión, Lucas Rocha Furtado, pidió el bloqueo de las cuentas bancarias de Jair Bolsonaro. El expresidente anticipó desde la Florida, donde viajó antes de la asunción de Lula da Silva, que volverá antes de fin de mes a Brasil. “Vine a Estados Unidos para quedarme hasta final del mes de enero, pero pretendo anticipar mi vuelta”, dijo en entrevista con CNN Brasil. “En Brasil, los médicos ya saben de mi problema de obstrucción intestinal a causa de una puñalada” sufrida durante la campaña electoral de 2018, recordó. Bolsonaro se encuentra en Florida desde fines de diciembre pasado. El lunes pasó varias horas hospitalizado en un centro asistencial de Orlando, tras sufrir un fuerte dolor abdominal, una secuela que le dejó el ataque ocurrido hace cuatro años en Minas Gerais. “No tuve días calmos. Primero ese lamentable episodio del domingo y después mi internación”, indicó. Unas 1500 personas fueron detenidas tras la frustrada asonada. La mayoría está confinada provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, en Brasilia. Lula da Silva, acusó el mismo domingo a Bolsonaro de ser el instigador de los ataques contra las sedes de los tres poderes del Estado. En un tuit, el exmandatario negó la denuncia y afirmó: “No hay pruebas”. Mientras el gobierno afina su estrategia contra el expresidente, el fiscal general adjunto del Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión, Lucas Rocha Furtado, reclamó bloquear sus cuentas bancarias en el marco de los actos de vandalismo que sacudieron el país el domingo. La medida apunta además al suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al exresponsable de la Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, así como a todos los financistas del intento de golpe. Mientras tanto, la Abogacía General de la Unión (AGU) anunció que ya identificó a más de 100 empresas sospechosas de haber financiado las manifestaciones que concluyeron con la irrupción de seguidores del exmandatario en el Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema.