El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en siete regiones del país, en medio de las protestas que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte y que causaron al menos 48 muertos. La medida suspende los derechos constitucionales y otorga el control del orden interno a la policía y a las Fuerzas Armadas. Los departamentos donde se impuso la medida son el amazónico Madre de Dios y los de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sureste del país. Una medida similar está vigente, hasta mediados de febrero, en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país. La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló un diario oficial. El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20:00 hasta las 04:00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente. En esa región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el mando unificado de soldados y policías. En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad. La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueara hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales. Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre.
EMERGENCIA EN PERÚ
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