El Gobierno decidió postergar la eliminación de los fondos fiduciarios por un total de US$2000 millones, optando por llevar a cabo auditorías exhaustivas y revisar cada uno de ellos individualmente. Según fuentes calificadas, esta medida es una de las principales preocupaciones de Javier Milei, sin embargo, su equipo técnico está evaluando la mejor manera de proceder con la derogación o restricción de cada fondo. En la Casa Rosada, varios funcionarios reconocieron que el decreto no será emitido en los próximos días, ya que aún deben determinar cómo suprimir las facultades de cada fondo: “La eliminación no es un proceso sencillo. Hay varios aspectos técnicos que están retrasando el procedimiento. Aunque es una prioridad, aún quedan por definir algunos detalles”, expresó uno de los funcionarios. De los fondos fiduciarios en cuestión, nueve pueden ser eliminados mediante decreto, mientras que los restantes 20 fueron creados por ley. El Gobierno argumenta que aquellos con origen legislativo pueden ser limitados mediante las facultades delegadas al Ejecutivo. En conjunto, estos fondos acumulan un presupuesto que oscila entre los US$8 mil y US$10 mil millones. Uno de los fondos que el Gobierno tiene en la mira es el de Integración Socio Urbana (FISU), que operaba bajo la supervisión de una figura social vinculada al dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, durante la gestión anterior. La intención del Ejecutivo es eliminar los fideicomisos que pueda mediante decreto y mantener las funciones de los fondos bajo el esquema de asignaciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En la Casa Rosada, argumentan que el funcionamiento actual carece de transparencia.
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