AVANCE SOBRE LA JUSTICIA

El gobierno encabezado por Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia, con el objetivo de agilizar la reforma del Código Procesal Penal. En el año 2014 se aprobó el Código Procesal Acusatorio, que asigna la responsabilidad de la investigación a los fiscales, limitando la función de los jueces a la supervisión de las garantías durante el proceso. Sin embargo, hasta el momento, esta reforma sólo se ha implementado en las provincias de Salta y Jujuy. El decreto en cuestión traslada la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema de una Comisión Bicameral a cargo del proceso, a manos del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona. Mediante un comunicado, el Ministerio destacó que el nuevo régimen procesal penal, instaurado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficiente. Este busca modernizar los procedimientos de persecución penal e incorpora herramientas innovadoras para investigar delitos como narcotráfico, corrupción y trata de personas, dentro de la jurisdicción de la justicia federal. La Comisión Bicameral había implementado el nuevo sistema en Salta y Jujuy en 2019, pero, según el Ministerio de Justicia, el proceso se detuvo después de esa instancia y no ha mostrado avances desde entonces. El estancamiento actual perjudica el funcionamiento de la justicia federal, ya que coexisten dos sistemas procesales: el Código Procesal Penal Federal, antiguo, lento y burocrático, junto con el nuevo sistema. El DNU justifica la necesidad de esta reforma al señalar que la duplicidad de legislaciones genera tratos desiguales para los imputados, especialmente en lo que respecta a su derecho a ser juzgados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. El decreto destaca los problemas operativos que surgen debido a esta situación, afectando el desarrollo de las investigaciones y complicando la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal, que debe aplicar dos códigos diferentes. Además, la parálisis obstaculiza la conformación de unidades fiscales y la designación de fiscales generales de distrito, frustrando la ejecución de la política de persecución penal. El Ministerio de Justicia anunció que la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal se coordinará con la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados. El objetivo es lograr un único sistema procesal federal en todo el país, buscando así un servicio de justicia más eficiente, rápido y moderno.