En un contexto donde los problemas económicos y las disputas entre el gobierno y el sector empresarial del transporte público de pasajeros alcanzan su punto álgido, el escenario para los usuarios y trabajadores se torna incierto y preocupante. Las recientes acciones de las cinco cámaras empresariales de colectivos del conurbano pusieron de manifiesto una problemática que aqueja tanto a las compañías como a los empleados. A través de una carta documento, las cámaras exigen al gobierno “el pago de los subsidios correspondientes” a la vez que denuncian una “presunta artimaña gubernamental para subestimar los fondos que les corresponden”. Este reclamo empresarial, sumado a la advertencia de posibles medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), enciende las alarmas sobre la continuidad del servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La UTA señaló el incumplimiento del acta acuerdo referente a la recomposición salarial de los trabajadores y alertó sobre la posibilidad de un paro en los próximos días si no se resuelve la situación. Desde el gremio, liderado por Roberto Fernández, se enfatiza que estas medidas están motivadas por la falta de compromiso del gobierno con lo acordado en el acta mencionada, especialmente en lo que respecta al pago de compensaciones tarifarias adeudadas por el Estado nacional a las empresas, una suma millonaria que afecta su capacidad operativa y financiera. La deuda que arrastra la administración empresarial con las empresas de transporte no sólo implica el incumplimiento de pagos salariales acordados en paritarias, como el depósito de una suma no remunerativa de 250 mil pesos, sino también una serie de errores y subestimaciones por parte de la Secretaría de Transporte en el cálculo de los costos operativos, lo cual repercute directamente en la asignación de subsidios. Este panorama refleja una situación crítica donde las empresas se encuentran atrapadas entre una deuda sideral, una incorrecta evaluación de costos por parte del Estado y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros y laborales. Los operadores del servicio denuncian la falta de responsabilidad estatal frente a esta crisis, que amenaza con dejar sin transporte a millones de usuarios y afectar gravemente la estabilidad laboral de los trabajadores del sector. Es necesario que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar la continuidad del servicio público de transporte en el AMBA.
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