MODIFICARÁN LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

En respuesta a la creciente problemática del narcoterrorismo y el crimen organizado, el Gobierno anunció su intención de modificar la Ley de Seguridad Interior, entre otras medidas, como parte de un paquete de proyectos destinados a enfrentar estos desafíos. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, encabezada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. El enfoque principal de estas iniciativas se centra en la ciudad de Rosario, donde continúa la situación crítica en términos de seguridad. Como parte de esta estrategia, se prevé el envío de fuerzas federales a la zona. El objetivo de estos proyectos, según voceros gubernamentales, es permitir una mayor participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, así como el fortalecimiento de las penas y los controles. El paquete de propuestas consta de cinco proyectos en total, entre los cuales se destacan la denominada “Ley Antimafia”, la reforma en materia de “Reincidencia y reiterancia”, la ampliación del “Registro de ADN” y la propuesta de una nueva “Ley de Orden Público”. Además, se plantea la modificación de la Ley de Seguridad Interior para adaptarla a las necesidades actuales. En palabras del ministro Petri, el presidente Javier Milei instruyó a actuar con “contundencia” ante la detección de actos terroristas, coordinando acciones que involucren a todos los poderes del Estado. Sin embargo, es importante destacar que el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior estará sujeto a protocolos específicos y a la autorización del Comité de Crisis, sólo en casos de actos terroristas y con la aprobación del gobernador correspondiente. Por otra parte, se plantea la reforma del Código Penal como parte de estas medidas, con el envío de leyes autónomas que abordan la necesidad de endurecer las penas y mejorar los mecanismos de persecución del delito. En particular, se menciona la intención de aumentar las penas para aquellos que organicen piquetes y bloqueos de calles, así como la implementación de la “Ley de Reiterancia” para garantizar la prisión inmediata en casos de reincidencia delictiva. En cuanto a la “Ley Antimafias”, se busca penalizar las estructuras criminales organizadas, tomando como referencia experiencias exitosas en otros países como Italia y El Salvador. Esta ley apunta a castigar no sólo los delitos individuales, sino también las acciones planificadas que contribuyen al objetivo final de estas organizaciones. Otro aspecto importante de estas reformas es la ampliación del registro de ADN, que se extenderá a todos los delitos y a partir del procesamiento de los imputados. Esta medida no solo facilitará la imputación de criminales, sino también la exclusión de personas inocentes de investigaciones.