EL OFICIALISMO PRESIONA AL CONGRESO

Desde el Gobierno de Milei, se está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el Congreso para la aprobación de la Ley Bases, actualmente en tratamiento en las comisiones del Senado. En un contexto de demandas crecientes por parte de la oposición “dialoguista” debido a las modificaciones en el proyecto, la situación se volvió “un campo de batalla político crucial”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó su frustración con una claridad contundente: “Es insólito que en cinco meses de gobierno no hayan aprobado un proyecto”. La falta de avance legislativo, según Francos, es “inédita y perjudicial”, especialmente cuando hay proyectos fundamentales como la Ley Bases y el paquete fiscal que son esperados por numerosas provincias para la explotación de recursos energéticos y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El gobierno manifestó una clara advertencia: no permitirán el “desguace” de la Ley Bases debido a los cambios propuestos por la oposición. Francos enfatizó que, “aunque han aceptado muchas modificaciones, cualquier alteración que diluya el impacto del proyecto será inaceptable”. Este mensaje contundente a la oposición subraya la determinación del gobierno de Milei para avanzar con sus reformas. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aportó una perspectiva histórica, destacando que en los últimos 40 años “se aprobaron casi 5000 leyes, con un promedio anual notable”. Sin embargo, en el primer año de Milei, el Congreso no sancionó “ni una sola ley”, un hecho que Adorni no duda en calificar de alarmante: “La gente está pidiendo que nos dejen gobernar”, señaló Adorni, subrayando la legitimidad del mandato recibido en las urnas y la urgencia de implementar las políticas votadas por el pueblo. “El estancamiento legislativo no sólo es una afrenta a la gestión de Milei sino también un reflejo de la inercia política que socava la gobernabilidad en Argentina”, agregó. El Gobierno considera que la parálisis en el Congreso “impide que se promulguen leyes necesarias para el progreso económico y social del país, poniendo en riesgo iniciativas cruciales que podrían revitalizar la economía y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”. El oficialismo insiste en que la oposición “dialoguista” deje de lado la obstrucción sistemática y colabore en la creación de un marco legislativo que permita al gobierno implementar su agenda.