CASANELLO PROCESÓ A BELLIBONI

En una nueva arista de la investigación sobre el manejo de fondos públicos, la Justicia procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. La medida judicial surge tras la recopilación de pruebas que demuestran que Belliboni desvió parte de los 360 millones de pesos asignados a la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado, canalizando dichos fondos a través de una red de empresas ficticias. El juez federal Sebastián Casanello, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, ordenó un embargo de 390 millones de pesos sobre los bienes de Belliboni. Según las investigaciones, los fondos del programa Potenciar Trabajo no sólo fueron desviados, sino que también “fueron utilizados para financiar al Partido Obrero”, que participa en las elecciones dentro del Frente de Izquierda. Entre los procesados se encuentran 16 integrantes del Polo Obrero, quienes enfrentan acusaciones por extorsión a beneficiarios de planes sociales. Las pruebas recabadas indican que se utilizó un entramado de empresas “truchas” como Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies, para justificar “gastos inexistentes mediante facturas falsas”. Se estima que alrededor de 40 millones de pesos fueron desviados a estas firmas. La justicia corroboró que estas empresas facturaban productos y servicios inexistentes para presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social, lo que facilitaba la justificación de los fondos del Potenciar Trabajo. Entre las empresas involucradas, se destaca la imprenta Rumbos, ubicada en la sede del Partido Obrero, que realizó aportes electorales por 18 millones de pesos y contrató servicios de publicidad para la campaña del espacio. Las investigaciones también revelan que parte de los fondos desviados no sólo sostenían la estructura del comedor del Polo Obrero, sino que también se canalizaban al partido a través de las llamadas “cápitas”, que variaban entre 2000 y 5000 pesos mensuales. Este dinero también se trasladaba a la imprenta Rumbos. Paralelamente, el fiscal Gerardo Pollicita sigue investigando la posible complicidad de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente de la Secretaría de Economía Social, liderada por Emilio Pérsico durante la presidencia de Alberto Fernández. Se examina si hubo omisiones voluntarias en el control de facturas apócrifas presentadas por el Polo Obrero, con la sospecha de una posible orden desde los altos mandos para no verificar los fondos desviados.