La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, presentó una denuncia judicial para frenar el pago del Impuesto a las Ganancias, calificándolo de “inconstitucional e inaplicable”. Según el sindicato, el impuesto atenta contra el derecho a una remuneración justa y los convenios colectivos de trabajo. Esta acción se suma a la de otros gremios como la Asociación Bancaria, que también ha solicitado una medida cautelar contra lo que denominan “impuesto al salario”. La polémica surgió tras la restitución del impuesto por parte del gobierno de Javier Milei mediante la Ley 27.743, después de haber sido eliminado durante la gestión de Alberto Fernández. Diversos sindicatos, entre ellos Petroleros, Judiciales, Seguro, Sanidad, Aeronáuticos, Dragado y Balizamiento y Marítimos, unieron fuerzas en una estrategia coordinada que incluye presentaciones colectivas e individuales por parte de los trabajadores afectados. Con la nueva legislación, desde julio deberán pagar el impuesto aquellos trabajadores con salarios brutos de 1.8 millones de pesos si son solteros y 2.2 millones de pesos si son casados con hijos. Esta medida afectará a aproximadamente 800.000 trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no presentar una demanda judicial para evitar un posible rechazo, optando por que cada sindicato impulse el recurso. La CGT había solicitado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se actualizara el piso a partir del que se paga el tributo, pero el Gobierno reglamentó la ley sin modificar ese monto. No obstante, el mínimo no imponible se actualizará en septiembre de manera trimestral y luego semestralmente, según el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El malestar sindical creció debido a que el decreto reglamentario “exceptúa del pago de Ganancias al personal del sector petrolero y a los empleados de Tierra del Fuego, considerados por los gremios como una medida discriminatoria e incluso ilegal”. Pablo Moyano, cotitular de la CGT, calificó a Ganancias como “un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios” y criticó la “contradicción” del Gobierno, ya que considera que “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”. Moyano anticipó una gran movilización a Tribunales dentro de los próximos 15 días para apoyar la presentación judicial. Sergio Palazzo, líder del gremio bancario, fue uno de los primeros en impugnar el impuesto, argumentando que afecta al 95% de los trabajadores bancarios y lo calificó de “confiscatorio y una rebaja salarial encubierta”. Palazzo ejemplificó con el caso de una persona que, tras una separación y el pago de una cuota alimentaria, se ve gravada injustamente, considerando la medida “absolutamente ilógica”.
CAMIONEROS A LA JUSTICIA
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