PROVINCIA VA A LA CORTE SUPREMA

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, criticó duramente la decisión del gobierno nacional liderado por Javier Milei de poner fin al Boleto Integrado en la provincia. Kicillof calificó la medida como “arbitraria e ilegal” y anunció que presentará un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para revertirla. El gobernador explicó que el Ejecutivo nacional dispone de leyes, presupuestos y partidas específicas para financiar el transporte público, mientras que la provincia carece de las herramientas jurídicas necesarias para asumir esa responsabilidad. “El Ejecutivo nacional tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación. La Provincia no tiene las herramientas jurídicas para hacerlo”, subrayó Kicillof, en un mensaje dirigido al gobierno central. A través de X, Kicillof detalló que, entre enero y agosto de este año, la provincia de Buenos Aires invirtió más de $454.000 millones en diversas políticas de transporte, incluyendo la Compensación Tarifaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e Interior, Transporte Fluvial y el Boleto Especial Educativo, sólo en el último mes, la provincia destinó $79.000 millones a estos subsidios, enfatizó el mandatario. Kicillof también destacó que su administración cubrió el 100% de los subsidios a las líneas provinciales de colectivos del AMBA, beneficiando a 262 líneas mediante la compensación tarifaria. En este contexto, el gobernador afirmó que el cese del Boleto Integrado constituye un “nuevo avasallamiento” por parte del gobierno nacional. “Los más perjudicados de esta decisión unilateral son los bonaerenses que viven en el segundo y tercer cordón del conurbano y utilizan más de un colectivo para ir a trabajar diariamente. No es una medida que castiga a un gobernador, castiga a quienes viven más lejos y tienen menos recursos”, concluyó Kicillof. Las declaraciones del gobernador bonaerense se producen tras el reciente acuerdo entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir la administración de 31 líneas de colectivos a la jurisdicción porteña, una decisión que generó polémica y tensión entre los diferentes niveles de gobierno.