PROVINCIA DEBERÁ PAGAR US$125 MILLONES

En un fallo reciente, la Justicia de Estados Unidos ordenó a la provincia de Buenos Aires pagar un total de 125 millones de dólares a los fondos de inversión Glacial Capital (Aurelius) y TRSE Holdings (Paloma), quienes no aceptaron el canje de deuda propuesto por la administración de Axel Kicillof en 2020. Los fondos recurrieron a los tribunales del Distrito Sur de Nueva York al rechazar los bonos ofrecidos por el gobernador, tras el incumplimiento de pagos hacia quienes se opusieron a la reestructuración. Según explicó Sebastián Maril, analista de Latin Advisors y experto en litigios internacionales que involucran a Argentina, la provincia no estaba obligada a realizar el canje y debería haber seguido cumpliendo con los pagos acordados previamente. “No había obligación para el canje y la provincia tenía que seguir pagando, pero no lo hizo, entró en default y los holdouts fueron a la Justicia”, detalló Maril. Si bien el fallo es apelable, el analista considera que, debido a los elevados costos de una apelación, Kicillof debería optar por cumplir con la sentencia. Este conflicto entre los bonistas y la administración bonaerense comenzó tras una extensa negociación de 15 meses entre 2020 y 2021, en la que el gobierno de Kicillof ofreció una primera propuesta de reestructuración que fue rechazada por los acreedores. La provincia dejó de pagar intereses de aproximadamente 100 millones de dólares sobre uno de los bonos afectados, lo que llevó a los bonistas a demandar a la provincia por lo que consideran un “default continuado”. En julio de 2021, Buenos Aires firmó un acuerdo con el grupo principal de bonistas para reestructurar una deuda de 7.150 millones, asumiendo el compromiso de pagar el 100% de los intereses generados hasta el 30 de junio de ese año a quienes aceptaron el canje. Sin embargo, los bonistas que rechazaron la propuesta quedaron sin pagos y llevaron su reclamo ante los tribunales de Nueva York, que ahora han fallado a su favor. La reestructuración de la deuda implementada en 2020 representaba una importante reducción de los compromisos financieros de la provincia, con un ahorro estimado de 4.450 millones hasta 2024, además de la extensión de los plazos de repago y una reducción significativa del cupón de interés. No obstante, para los bonistas que optaron por no aceptar el canje, el fallo judicial abre una vía de reclamo y evidencia las dificultades de la provincia para cerrar acuerdos con todos sus acreedores.