BELLIBONI A JUICIO ORAL

El juez federal Sebastián Casanello se encuentra en la etapa final para elevar a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y otros líderes de la organización, acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, amenazas y extorsiones vinculadas al programa Potenciar Trabajo. La investigación, que ya fue cerrada en esta instancia, destapó una presunta maniobra de desvío de fondos públicos y lavado de dinero con la participación de empresas ficticias. La Unidad de Información Financiera (UIF), una de las querellas principales, solicitó la elevación a juicio no sólo por fraude, sino también por lavado de activos, argumentando que la imprenta Rumbos fue utilizada para “blanquear” dinero de origen ilícito. Según el organismo, esta empresa habría recibido fondos públicos mediante facturas apócrifas para luego redirigirlos con fines partidarios, como financiar actividades del Partido Obrero. La investigación determinó que las organizaciones Asociación Civil Polo Obrero y El Resplandor Limitado desviaron parte de los $361 millones asignados por el Potenciar Trabajo a empresas sin actividad real, entre ellas Coxtex, que carece de sede o antecedentes comerciales. Según los hallazgos, estas empresas emitían facturas falsas para justificar gastos inexistentes, permitiendo el blanqueo de dinero. La Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de Belliboni, agravando los cargos relacionados con las amenazas y extorsiones a beneficiarios del plan social. Por su parte, la UIF y otros organismos como la Oficina Anticorrupción (OA) esperan pronunciarse formalmente en los próximos días sobre la elevación a juicio. Una vez emitidas estas opiniones, se abrirá la instancia para que las defensas presenten sus argumentos antes de que el caso quede listo para su tratamiento en los tribunales. Se prevé que la decisión final sobre la elevación a juicio ocurra entre finales de diciembre y febrero de 2025, marcando un punto clave en una investigación que pone en el centro del debate el uso de fondos públicos y las prácticas de ciertas organizaciones sociales en el país.