CONTINÚA EL CONFLICTO EN LA SALADA

El Gobierno nacional evalúa implementar una salida social al conflicto generado por la clausura del complejo comercial La Salada, uno de los mercados informales más grandes del país, tras la decisión judicial del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien también ordenó la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”. La medida judicial responde a una investigación por una millonaria maniobra de lavado de dinero, derivada de las ventas ilegales de mercadería falsificada o ingresada irregularmente al país por la frontera norte. Sin embargo, el cierre de los predios Punta Mogote, Ocean y Urkupiña, provocó un impacto social inmediato: miles de puesteros y trabajadores informales quedaron sin ingresos de un día para otro. Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con la provincia de Buenos Aires, se comenzó a trabajar en una mesa conjunta para ofrecer una solución que permita a los comerciantes continuar con su actividad en condiciones regulares y en nuevos espacios dentro del municipio de Lomas de Zamora o en localidades cercanas. “La intención es que estas personas recuperen su fuente de ingreso sin tener que recurrir a subsidios, pero también sin convalidar la ilegalidad”, indicaron fuentes oficiales. Las protestas no se hicieron esperar. El lunes, más de 300 feriantes cortaron durante varias horas el Puente La Noria en reclamo por la reapertura de la feria. El martes, se movilizaron a la Municipalidad de Lomas de Zamora y fueron recibidos por el intendente Federico Otermín. Con carteles que decían “No a la clausura, somos familias de trabajo”, los feriantes aseguraron no tener relación con Castillo ni con las maniobras delictivas investigadas. “Solo queremos trabajar”, reclamaron. A nivel internacional, la clausura también tiene un trasfondo político: un informe de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos alertó sobre la venta de productos falsificados en La Salada y lo planteó como una condición para avanzar en acuerdos comerciales con Argentina. El gobierno de Javier Milei tomó nota del requerimiento y endureció su postura frente al comercio ilegal. Mientras tanto, crece la tensión social. En la marcha de jubilados frente al Congreso, las autoridades temen que se sumen los puesteros de La Salada, lo que podría derivar en un escenario conflictivo. Por ello, se prepara un importante operativo de seguridad. La fiscal federal Cecilia Incardona deberá pronunciarse en las próximas horas sobre la continuidad de la clausura, antes de que el juez Armella emita una nueva resolución. El Gobierno, en tanto, insiste en mantener cerrado el predio, pero avanza en una estrategia para evitar una crisis social de mayor escala.