EMPRESAS PÚBLICAS EN CRISIS

El Gobierno Nacional decidió reintroducir la propuesta de privatización de varias empresas estatales en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado rechazara esta iniciativa por falta de votos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que, aunque no hubo un acuerdo en el Senado, “no existe un compromiso que impida que Diputados insista en el tema”. La persistencia del Gobierno en las privatizaciones está motivada por preocupaciones fiscales. En el primer trimestre de 2024, las empresas estatales registraron un déficit operativo de más de $500.000 millones, a pesar de la reducción de más de 2000 puestos de trabajo. Según la Oficina de Presupuesto, las 33 empresas públicas no financieras tuvieron un déficit operativo de más de 500 millones, lo que llevó al Tesoro a realizar transferencias por ese monto. El déficit financiero del primer trimestre, que incluye ingresos y gastos corrientes y de inversiones, ascendió a $142.287,5 millones. Este déficit se debe en gran parte a las pérdidas de Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con déficits de $149.214,4 millones y $136.889,1 millones respectivamente. Aerolíneas Argentinas experimentó un incremento en los ingresos por ventas de pasajes, pero los altos costos operativos, principalmente por la compra de combustible, llevaron a gastos de $532.146,1 millones frente a ingresos de $382.931,7 millones. AySA, por su parte, registró gastos de $231.221,8 millones e ingresos de $94.332,7 millones, atribuyendo sus pérdidas al aumento de inversiones y menores resultados operativos. AySA no recibió transferencias del Tesoro en el primer trimestre. El desempeño financiero general de las empresas públicas reflejó ingresos totales de $1.894.009,2 millones, impulsados por transferencias del Tesoro a Enarsa para pagar gas natural de Bolivia y fondos de la comercialización de gas, así como ingresos de Aerolíneas por ventas de pasajes. Los gastos totales fueron de $2.036.296,7 millones, dominados por las operaciones de Aerolíneas y Enarsa, junto con inversiones en obras de gasoductos. En paralelo, el Gobierno implementó un plan de reducción de personal, ofreciendo programas de retiros voluntarios en al menos cuatro empresas. La Oficina de Presupuesto informó una reducción de la nómina de personal de 92.488 a 90.295 empleados, con 2193 bajas, un ajuste del 2,37%.