La Justicia federal está preparando la citación a indagatoria del expresidente Alberto Fernández en el marco de una causa que investiga la presunta corrupción vinculada a la contratación de seguros a través del Banco Nación. El caso, que involucra a 45 organismos estatales, pone bajo la lupa la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario, quienes habrían obtenido comisiones millonarias. El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa, imputó además a María Cantero, exsecretaria de Fernández; a su esposo, Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers más beneficiados, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Según la investigación, se habría montado una estructura para defraudar al Estado utilizando el decreto 823/2021, el cual exigía que los organismos del Estado contrataran seguros con Nación Seguros. El esquema investigado se basaba en la intermediación de brokers que habrían cobrado comisiones exorbitantes por su participación en la contratación de seguros. Durante la gestión de Fernández, se pagaron comisiones por un total de 3.453 millones de pesos, equivalentes a 17 millones de dólares, de los cuales 366 millones de pesos habrían ido a parar a las manos de Martínez Sosa, quien gestionó 19 de los contratos en cuestión. La causa se inició a raíz de una auditoría interna realizada por el gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó irregularidades en la contratación de seguros mediante intermediarios privados, lo que derivó en la apertura de la investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Un punto clave en la investigación es la pericia del teléfono de Cantero, secuestrado en marzo de este año. Los chats recuperados revelan que Cantero utilizó sus vínculos con la Casa Rosada para concretar contratos millonarios, actuando como nexo entre su marido y altos funcionarios del gobierno. Según estos mensajes, Martínez Sosa habría visitado en varias ocasiones la quinta presidencial de Olivos, incluso reuniéndose personalmente con el entonces presidente Fernández, aunque estas visitas no figuran en los registros oficiales. El juez Ercolini continúa investigando por qué Nación Seguros tercerizó servicios que, por decreto, los organismos estatales estaban obligados a contratar directamente con la aseguradora oficial, y por qué se permitió la participación de intermediarios privados que, a priori, no eran necesarios para estas operaciones. La citación a indagatoria de Alberto Fernández marcará un nuevo capítulo en esta investigación, que amenaza con revelar una compleja trama de corrupción en las más altas esferas del poder.
FERNÁNDEZ: LLAMADO A INDAGATORIA
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