PRÓFUGOS COBRABAN PENSIONES

En un operativo conjunto llevado a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Seguridad, fueron detenidas 14 personas prófugas de la justicia, algunas con antecedentes de alta peligrosidad, que recibían de manera fraudulenta una pensión no contributiva por invalidez laboral. Entre los detenidos se encuentran individuos con múltiples causas penales, incluyendo intento de violación, robo agravado y antecedentes de reincidencia delictiva. Según el comunicado oficial de la ANDIS, las personas identificadas como prófugas y que aún cobraban el beneficio estatal fueron citadas para auditorías en las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA), con el fin de ponerlos a disposición de la justicia o proceder a su encarcelamiento, de corresponder. Este procedimiento ya incluyó la baja inmediata de las pensiones que percibían, afirmaron desde la agencia. “Este operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral. El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabaja con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar la optimización de los recursos públicos”, aseguró la agencia. Este operativo tiene lugar en el marco de una auditoría total que el Gobierno argentino lanzó recientemente para investigar irregularidades en la asignación de pensiones por invalidez. A partir de un análisis inicial, la ANDIS detectó en julio una posible “actividad fraudulenta a gran escala”, con un desvío de fondos que alcanzaría los 3.400 millones de dólares. Según datos oficiales, de un total de 1.223.864 beneficiarios de estas pensiones, aproximadamente 500.000 podrían haber accedido de forma irregular al beneficio. El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó el elevado número de beneficiarios, indicando que “la cifra se ubicó en más de 1.223.000, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”. Entre las irregularidades detectadas en auditorías previas, Adorni destacó casos como el de un médico de Corrientes que incluyó la radiografía de un perro en un certificado para tramitar una pensión y otro en la provincia de Chaco, donde una misma radiografía fue utilizada para solicitar 150 pensiones. También se hallaron irregularidades en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde 683 empleados obtuvieron pensiones de invalidez, de las cuales el 65% fueron tramitadas en menos de 30 días.