AEROLÍNEAS: FUERA DE LAS EXTRAORDINARIAS

En una decisión que generó sorpresa, el Ejecutivo nacional excluyó del listado de sesiones extraordinarias el proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas. La medida, considerada clave en la agenda del gobierno de Javier Milei, quedó fuera del debate legislativo de diciembre debido a la falta de consenso en el Congreso y el temor a reacciones gremiales durante la temporada alta. Desde el oficialismo indicaron que, aunque el proyecto no fue incluido en esta instancia, no descartan impulsarlo en el futuro. Sin embargo, la presión por evitar su postergación hacia las sesiones ordinarias de 2025, año preelectoral, complica los tiempos legislativos. El plan para privatizar la aerolínea de bandera está acompañado por una serie de reformas destinadas a reducir su déficit y aumentar su competitividad, lo que incluye un ajuste significativo en los costos operativos. En este sentido, la Casa Rosada alcanzó un acuerdo con los sindicatos aeronáuticos que modifica aspectos del convenio colectivo de trabajo, eliminando beneficios como pasajes gratuitos y otros privilegios para empleados. Asimismo, se anunció un aumento salarial del 16%. Además, Aerolíneas Argentinas firmó recientemente un acuerdo de códigos compartidos con LATAM, permitiendo la comercialización conjunta de rutas regionales y nacionales. Este convenio abarcará más de 140 destinos en Sudamérica y facilitará la acumulación y canje de millas entre los programas de lealtad de ambas compañías, mejorando la experiencia de los usuarios y ampliando las opciones de conectividad. En tanto, el temario de las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 5 al 27 de diciembre, incluye proyectos como la eliminación de las PASO, la ley antimafia, el juicio en ausencia y la limitación de los fueros políticos, entre otros temas destacados. Con esta decisión, el Ejecutivo busca evitar enfrentamientos con los gremios aeronáuticos en pleno auge de la temporada turística, aunque el debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas sigue siendo un punto central en la agenda económica y política del gobierno.