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Alberto Fernández calificó como “un estrago jurídico” la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires que le dio la razón al amparo que presentaron dos ONGs para que hoy haya clases presenciales. “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte”, sostuvo el primer mandatario. El ministro de Justicia Martín Soria dijo: “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, indicó. El funcionario apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el sector político que le responde. Además, sostuvo que “la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, en referencia al impacto que puede generar la circulación de los docentes, alumnos y padres en el medio del aumento de casos que se registran en el AMBA por la segunda ola de coronavirus. El viernes a la mañana, luego de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta en Olivos, Alberto Fernández había dicho que “las leyes se hacen para ser cumplidas” y sostuvo que “a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus), que recurran a la Justicia”. Ese camino fue el que siguió el Jefe de Gobierno porteño y un puñado de fundaciones que pedían que se mantenga la presencialidad. El fallo de la justicia porteña terminó dándole la razón al gobierno porteño. La decisión de Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto. “La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”, argumentó el tribunal en el fallo. En esa línea, agregó: “Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país”.