POLÉMICA POR EL COSTO ELECTORAL

A comienzos de semana, Cristina Fernández sorprendió en redes sociales con un mensaje que bajó el tono a las tensiones internas del peronismo bonaerense: anunciando que no impulsará el proyecto de elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa al gobernador Axel Kicillof por su decisión de desdoblar los comicios provinciales, programados para el próximo 7 de septiembre. El principal eje de su cuestionamiento fue el alto costo que implicará el operativo electoral. “Destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral no parece ser lo más aconsejable”, escribió la expresidenta en su cuenta de X, remarcando que la sociedad atraviesa una grave crisis económica “producto de las políticas de Milei”. De acuerdo a información publicada en el sitio oficial COMPRAR, el gobierno bonaerense dispuso una contratación directa por un total de $3.905 millones para adquirir los insumos necesarios para la elección: 49.000 urnas, 3.000 cuartos oscuros móviles, más de 18 millones de sobres, kits de útiles, chalecos identificatorios y otros elementos logísticos. Las empresas proveedoras serán Melenzane S.A., Arcanel Maggio S.A. y Serra Sergio Daniel. Desde la gestión de Kicillof justificaron la modalidad de compra directa por la falta de tiempo para realizar una licitación pública, aunque aseguraron que el proceso fue validado por todos los organismos de control provinciales: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado. A estos casi $4.000 millones deberán sumarse los costos del servicio de recuento de votos y toda la logística del comando electoral, lo que incrementará aún más el presupuesto final. En ese sentido, el viernes pasado el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le pidió ayuda al gobierno nacional para cubrir parte del operativo. Entre otras cosas, solicitó el comando electoral federal: fuerzas armadas y federales que se encarguen de custodiar urnas, escuelas y garantizar el normal desarrollo del acto electoral. La discusión por el desdoblamiento electoral no sólo expone tensiones dentro del oficialismo provincial, sino que también pone el foco en el uso de fondos públicos en un contexto económico cada vez más complejo.