ALERTA POR PAROS DE TRANSPORTE

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció que se encuentra en estado de alerta y no descarta la implementación de “paros sorpresivos” y asambleas durante el mes de junio. La advertencia se da como respuesta al decreto 340/2024 del Gobierno nacional, que limita el derecho a huelga en sectores considerados “esenciales”, y que generó un fuerte rechazo en el movimiento obrero. En una conferencia de prensa encabezada por Juan Pablo Brey, secretario de prensa de la CATT y titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), los gremios del transporte nucleados en la CGT expresaron su preocupación y repudio ante una norma que, según denunciaron, busca silenciar a los trabajadores: “Una vez más, el Gobierno atenta contra el derecho a huelga, desregula el sector aéreo, la marina mercante y compromete la soberanía nacional”, sostuvo Brey, al explicar los motivos del estado de alerta. La decisión de avanzar con medidas fue tomada en un plenario de secretarios generales de los distintos gremios que integran la CATT, entre los que se destacan Camioneros, Unión Ferroviaria y sindicatos aeronáuticos. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 340, al considerar que restringe de forma arbitraria el ejercicio legítimo del derecho a huelga. Según el escrito judicial, el decreto amplía de manera excesiva la lista de actividades consideradas esenciales, e impone niveles mínimos de prestación (del 50% al 75%) que, en los hechos, anulan la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza efectivas. La CGT fundamentó su presentación en que el decreto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como tratados internacionales con jerarquía constitucional, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De no mediar una respuesta del Gobierno o la Justicia, los gremios del transporte podrían comenzar con interrupciones imprevistas en los servicios durante las próximas semanas, lo que podría impactar significativamente en la actividad económica y la movilidad de millones de personas en todo el país.