Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica de forma integral el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales, con el objetivo de abrir la puerta al capital privado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida se inscribe en la Ley de Bases 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a la empresa estatal. Con la nueva normativa, se reemplazan más de 100 artículos del régimen aprobado en 2006, se redefinen las condiciones de operación de la concesionaria y se flexibilizan mecanismos de financiamiento y cobro. Entre los principales cambios, AySA podrá garantizar inversiones con fondos provenientes de la explotación del servicio, cortar el suministro por falta de pago y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal, previa autorización del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Además, se crea un “Plan director de Mejora Estratégica” para priorizar obras de infraestructura y se establece un período de transición de hasta cinco años tras la privatización para asegurar el equilibrio económico-financiero del contrato. El Gobierno justificó el DNU en la “profunda crisis económica” y el “deterioro operativo y financiero” de AySA, que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro por 13.400 millones de dólares, sin lograr mejoras sustanciales en productividad ni expansión de la cobertura. Para la administración libertaria, el modelo estatal vigente “no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia” y es imprescindible atraer inversiones privadas para sostener el servicio en condiciones óptimas. Actualmente, el Estado posee el 90% del capital accionario de AySA, pero el DNU habilita su venta total o parcial, de acuerdo con la Ley de Reforma del Estado 23.696. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo régimen. El decreto fue dictado en acuerdo general de ministros y será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez.
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