ESTRATEGIA DE LA CGT

La Confederación General del Trabajo aceleró en las últimas horas su despliegue político frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Con un esquema que combina negociación reservada y presión pública, la central obrera intenta ganar margen de maniobra en un escenario que considera adverso, pero aún abierto. Mientras mantiene canales de diálogo con el entorno presidencial, en particular con Santiago Caputo y funcionarios del área laboral, la CGT profundiza contactos con gobernadores, senadores y diputados que serán clave cuando el proyecto vuelva a discutirse en el Congreso, previsto para febrero. En paralelo, sostiene un discurso confrontativo hacia afuera, con advertencias de conflicto sindical y judicialización si la iniciativa prospera sin cambios sustanciales. Desde la conducción cegetista confirmaron que la agenda formal se reactivará la semana del 12 de enero, con reuniones destinadas a ordenar la estrategia política y legislativa. El objetivo inmediato es claro: llegar al inicio del debate con acuerdos previos que permitan bloquear o modificar los artículos que consideran más sensibles. El contexto cambió tras la aprobación del Presupuesto 2026. En la CGT admiten que el oficialismo logró construir mayorías con apoyo de las provincias y que ese dato obligó a una lectura más pragmática. Si bien el objetivo central sigue siendo frenar la reforma, gana terreno una postura defensiva: aceptar que avance, pero condicionando su contenido. Como carta de negociación, la central obrera impulsa una contrapropuesta para crear un régimen laboral especial para menores de 30 años, con condiciones de contratación más flexibles orientadas a la generación de empleo. Puertas adentro, reconocen que el Gobierno tiene altas probabilidades de imponer su iniciativa y que el margen real estará en recortar su alcance. Las principales alertas sindicales se concentran en el financiamiento gremial. La CGT rechaza las restricciones al cobro de cuotas solidarias y de afiliación, los cambios en los sistemas de retención, la ampliación de actividades consideradas esenciales y la primacía de los convenios por empresa sobre los de actividad, un punto que definen como “línea roja”. También cuestionan que el proyecto excluya al aguinaldo y otros conceptos de la base de cálculo de la indemnización por despido y que limite los reclamos por falta de registración laboral. En este tablero, los gobernadores aparecen como actores decisivos. Dirigentes cegetistas multiplican reuniones formales e informales con mandatarios provinciales de distintos espacios y con referentes territoriales con llegada directa al Congreso. Según admiten en la CGT, el trabajo fue “silencioso pero productivo” y encontró receptividad, incluso entre dirigentes con buen vínculo con la Casa Rosada. Del otro lado, el Gobierno también mueve piezas. El ministro del Interior, Diego Santilli, retomará esta semana una gira por las provincias para consolidar respaldos al proyecto oficial. El objetivo es cerrar los votos necesarios durante enero y llegar a febrero con el escenario despejado. La agenda incluye un viaje a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres.