OPOSICIÓN CONTRA LEY DE INTELIGENCIA

En los próximos días, una vez cumplidos los diez días hábiles desde su publicación, el DNU que modifica la ley de inteligencia, deberá ser remitido al Congreso por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ese cuerpo contará con otros diez días hábiles para emitir dictamen; de no hacerlo, ambas cámaras quedarán habilitadas a debatir el decreto directamente en el recinto. La Bicameral llega a esta instancia con una integración incompleta: de sus 16 miembros, sólo nueve fueron designados. La situación motivó reclamos formales de distintos bloques opositores a los presidentes de Diputados y del Senado para completar su conformación y poner en marcha el análisis del decreto. Según el procedimiento vigente, el DNU sólo puede ser derogado si ambas cámaras lo rechazan por mayoría simple. Para ratificarlo, en cambio, alcanza con la aprobación de una sola. Si el Congreso no lo invalida, la norma seguirá vigente. En ese escenario, La Libertad Avanza apuesta a sostener el decreto con su actual peso parlamentario, mientras la oposición deberá primero garantizar el quórum en cada recinto. En paralelo, el debate se trasladó al plano judicial. Diputados del interbloque Unidos presentaron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU, al considerar que vulnera las atribuciones del Congreso. Unión por la Patria también expresó su rechazo, al sostener que no existen razones de necesidad y urgencia y que el Ejecutivo eludió la búsqueda de consensos legislativos. Desde el oficialismo defendieron la medida al señalar que las modificaciones a la Ley de Inteligencia se alinean con estándares democráticos y fortalecen los controles del sistema. Sin embargo, referentes del derecho constitucional, como Ricardo Gil Lavedra y Antonio María Hernández, advirtieron que el decreto implica una regresión institucional y excede las facultades del Poder Ejecutivo. Con plazos definidos y posiciones enfrentadas, el DNU 941/2025 se encamina a un tratamiento parlamentario atravesado por una fuerte disputa política e institucional.