OFICIALISMO ENDURECE EL JUEJO

En la mesa chica del poder, el Gobierno terminó de delinear un paquete de proyectos que promete agitar el tablero parlamentario en las próximas semanas. La apuesta es clara: endurecer el Código Penal, blindar la propiedad privada y ajustar las cuentas públicas. Tres frentes que, juntos, configuran la nueva hoja de ruta oficialista. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de marcar el pulso: el Ejecutivo quiere que las penas se eleven y que el discurso punitivo se traduzca en letra de ley. No se trata sólo de retórica, sino de un gesto político que busca mostrar firmeza frente al delito. En paralelo, la agenda se desplaza hacia un terreno sensible: la propiedad. Allí aparecen reformas a la ley de expropiaciones, la normativa de tierras y el manejo del fuego, además de mecanismos de regularización dominial que apuntan a la integración socio-urbana. Un paquete que, en los hechos, redefine los límites entre Estado y particulares. El tercer eje es el fiscal. El Gobierno anticipa que pondrá bajo revisión normas que hoy implican gasto público significativo: la ley de glaciares, la de discapacidad y el financiamiento universitario. La consigna es ajustar, incluso en áreas que históricamente han sido intocables. La definición de este paquete se dio en una reunión política de alto voltaje. Allí estuvieron Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli y Luis Caputo, entre otros dirigentes y operadores del oficialismo. La foto de esa mesa revela la intención de cerrar filas y ordenar prioridades. Todo ocurre en un contexto áspero: la reaparición de la causa vinculada al criptoactivo Libra y las críticas a los viajes de Adorni, cuestionado por el uso de vuelos oficiales y privados. Con ese ruido de fondo, el oficialismo busca reencauzar la discusión pública y trasladar el foco al Congreso, donde pretende librar su próxima batalla.