CARNAVAL JUDICIAL

La Casa Rosada se prepara para una semana clave: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentar su declaración jurada en medio de crecientes cuestionamientos sobre su patrimonio y bajo la sombra de una posible citación judicial. En el Ejecutivo reconocen que la imagen de un ministro coordinador en tribunales sería “impactante”, aunque intentan encuadrar ese escenario como parte natural del proceso institucional. El expediente más inmediato gira en torno al viaje que Adorni realizó a Punta del Este en un avión privado durante el último feriado de Carnaval. La Justicia busca esclarecer quién financió los vuelos y cuál es el vínculo del funcionario con Marcelo Grandío, productor televisivo y titular de Imhouse, empresa con contratos vigentes con la TV Pública. Paralelamente, otro frente judicial indaga sobre el crecimiento patrimonial del matrimonio Adorni, con foco en operaciones inmobiliarias, gastos en dólares y movimientos bancarios. Desde el oficialismo insisten en que el ministro cuenta con respaldo documental para justificar sus bienes, apelando a una herencia paterna y a ingresos previos de su esposa. Sin embargo, el círculo más cercano admite que los papeles sólo fueron compartidos con Javier y Karina Milei, quienes le brindaron apoyo político directo. El resto del Gabinete se mantiene al margen de los detalles, aunque busca mostrar unidad frente a la presión externa. La tensión se extiende hacia el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuestionado por la relación del Gobierno con Comodoro Py y por el avance de las causas. En paralelo, el Ejecutivo intenta recomponer vínculos con el Poder Judicial a través del tratamiento de pliegos en el Senado, en un intento de equilibrar la agenda institucional con la crisis política. La apuesta oficial es que la declaración jurada permita a Adorni recuperar iniciativa discursiva tras semanas a la defensiva. En Balcarce 50 esperan que, con el Congreso en movimiento y el Mundial próximo a dominar la conversación pública, el ministro logre ordenar su situación patrimonial y reducir el ruido interno. Por ahora, el Gobierno se resigna a que la Justicia avance con una citación, mientras busca blindar políticamente a uno de sus hombres más expuestos.