La crisis de ingresos que atraviesa la Argentina dejó de ser un problema económico aislado para convertirse en un fenómeno político de alto voltaje. Lo que algunos especialistas llaman la “arquitectura del pozo” ya no distingue entre trabajadores formales e informales: todos caen en la misma trampa del endeudamiento. Según cifras del Banco Central, difundidas por el diputado Santiago Roberto, la morosidad saltó del 2,6% en diciembre al 13% en la actualidad. El dato es brutal: siete millones de ciudadanos arrastran incumplimientos financieros, y más de la mitad son catalogados como “deudores incobrables”. Roberto lo sintetizó con crudeza: “Las familias no se endeudaron por error, sino por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento incesante de las tarifas”. El informe de la consultora Centrix, dirigido por Claudio Montiel, refuerza el diagnóstico. En los últimos seis meses, el 61,9% de los argentinos debió recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. En la Provincia de Buenos Aires, el golpe es aún más feroz entre los menores de 40 años: el 85,5% no llega al día 20 del mes. Allí se multiplica el “pasamanos” de deuda: primero el pago mínimo de la tarjeta para comprar alimentos, luego préstamos personales para cubrir la tarjeta, después billeteras virtuales con tasas del 180% anual, y finalmente el recurso desesperado al prestamismo barrial, sin regulación alguna. Ante este panorama, Unión por la Patria presentó más de 20 proyectos para aliviar a las familias y a las PyMEs, que representan el 97% del tejido empresarial y también están en riesgo. La propuesta central busca una quita significativa de capital e intereses para los deudores incobrables, con planes de pago regulados en torno al 12% anual. “El Estado tiene que hacer algo porque la situación es irreversible”, advirtió Roberto, alertando que, de no mediar intervención, el sistema financiero seguirá expulsando ciudadanos que quedan “muertos civilmente” para cualquier actividad económica futura.
LA TRAMPA DEL CRÉDITO
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