El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció a través de la red social X que iniciará acciones legales contra el gobierno de Javier Milei para exigir la restitución de dos terrenos municipales cedidos para la construcción de viviendas en el marco del programa Pro.Cre.Ar, que actualmente se encuentran abandonados tras la disolución del plan habitacional. “Frente a la decisión del Gobierno Nacional de disolver el Procrear reclamamos que se devuelva a Avellaneda dos inmuebles de titularidad del Municipio que se comprometieron para la realización de obras de viviendas y que hoy están paralizadas”, expresó Ferraresi en un primer posteo. En una segunda publicación, el intendente agregó: “Es por eso que exigimos, por medio de las acciones legales que correspondan, la restitución de los inmuebles aportados y, con fondos propios, darles continuidad”. El conflicto se originó el pasado 13 de noviembre de 2024, cuando el presidente Milei oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público conocido como Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) mediante el decreto 1018/2024. La medida dejó inconclusas miles de obras de vivienda en todo el país, incluyendo las edificaciones iniciadas en los terrenos cedidos por Avellaneda. Ferraresi, quien fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno de Alberto Fernández, busca que la Justicia restituya los derechos del municipio sobre los terrenos para poder finalizar las viviendas utilizando fondos municipales. El programa Procrear fue creado en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, y otorgaba créditos para la construcción de viviendas. Tras ser discontinuado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, fue relanzado en 2020 bajo la conducción de Ferraresi como parte de la estrategia para combatir el déficit habitacional. El programa contemplaba dos líneas principales: la individual, destinada a propietarios de terrenos, y la de desarrollos urbanísticos, que consistía en la construcción de viviendas multifamiliares en terrenos estatales. Sin embargo, con la decisión del gobierno de Milei de cerrar el programa, numerosos desarrollos quedaron paralizados, generando incertidumbre para los beneficiarios y conflictos con los municipios involucrados.
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