El oficialismo decidió mover las piezas en el tablero parlamentario y, tras un acuerdo con sus aliados, fijó una sesión en el Senado que promete más que simples trámites administrativos. Aunque la agenda formal incluye ascensos militares y designaciones diplomáticas, el verdadero pulso estará en la entrada de los pliegos judiciales enviados por el Ministerio de Justicia. La cita, en apariencia rutinaria, se convierte en estratégica: el Gobierno busca abrir el camino para cubrir más de 300 vacantes en el Poder Judicial, un déficit que amenaza con paralizar tribunales clave. En este primer paquete, se incluyen 62 nombres de jueces, fiscales y defensores, con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entre ellos figuran vínculos familiares de peso, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La sesión será apenas un capítulo de una semana cargada de tensión. Un día antes, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, se presentará ante comisiones para defender el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Su exposición anticipa un choque frontal con la bancada kirchnerista, que ya amagó con interpelarlo. El clima se enrarece aún más por las investigaciones que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa $LIBRA, que amenaza con salpicar a las altas esferas. En este escenario, el oficialismo juega a dos tiempos: por un lado, busca mostrar gestión con nombramientos y ascensos; por otro, intenta acelerar la maquinaria judicial para garantizar control en un terreno donde las vacantes se multiplican. El Senado, lejos de ser un espacio de trámite, se convierte en el escenario de una pulseada que combina poder, urgencias y sospechas.
SENADO EN MODO TRÁMITE
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