SUBSIDIOS EN CRISIS

La escena se repite en las paradas del AMBA: colectivos que no llegan, usuarios que esperan bajo la lluvia y un sistema que cruje. El congelamiento de los subsidios y el salto del combustible empujaron a las empresas a reducir unidades, achicar frecuencias y dejar a miles de pasajeros a la intemperie. El conflicto, lejos de circunscribirse al área metropolitana, se expande como una mancha de aceite hacia los grandes centros urbanos bonaerenses. Allí, las cámaras empresarias advierten que sin un ajuste tarifario inmediato, la parálisis total es una posibilidad concreta. Marcelo Pasciuto, referente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano y del poderoso Grupo Dota, que concentra más de un tercio del servicio en el AMBA, fue tajante: “Es inviable”. Denunció que el Gobierno no giró el 60% de los subsidios y que las compañías no tienen fondos para pagar sueldos. La continuidad del servicio, dijo, depende de tres factores: que llegue el gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe. En La Plata, la gestión de Julio Alak anunció sanciones contra las empresas que recortaron frecuencias sin autorización. El municipio busca marcar territorio político en medio de la tormenta. La crisis golpea también en el interior: En Mar del Plata, el empresariado reclama un aumento del 65% en la tarifa, que llevaría el boleto plano a más de 2.500 pesos. En Bahía Blanca, la suba del pasaje interurbano hacia Punta Alta trepó al 127%, avalada por la Provincia, lo que desató reclamos políticos locales por la falta de transparencia en los costos. En Junín, la tensión derivó en despidos y un paro total de la empresa 8 de Octubre, que dejó a la ciudad sin colectivos desde el lunes. El telón de fondo es internacional: la guerra en Medio Oriente disparó el precio de la nafta y agravó un esquema de subsidios ya desfasado, que venía trabando la renovación del parque automotor. Con las cámaras empresarias advirtiendo sobre un inminente colapso, el Gobierno nacional convocó a una reunión urgente en la Secretaría de Transporte. Allí se definirá si el conflicto encuentra un cauce o si el país se encamina hacia un paro total del sistema urbano.