EL SENADO BAJO PRESIÓN

El Senado de la Nación se encuentra inmerso en una semana clave, marcada por tensiones políticas y gremiales que atraviesan tanto el recinto como su estructura interna. En paralelo a la disputa entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Comisión de Asuntos Constitucionales, bajo la conducción de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, retomó el análisis de la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema sensible para el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. El debate gira en torno al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 9 de octubre con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, la iniciativa no logró reunir la mayoría necesaria para fijar un plazo obligatorio de 90 días para que el Congreso ratifique o rechace los DNU emitidos por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Senado deberá definir si ratifica ese texto o si insiste en su propia versión, que plantea que los decretos pierdan validez automáticamente si no son avalados por ambas cámaras dentro del mismo plazo. Si la comisión emite dictamen, el proyecto podría llegar al recinto antes del 30 de noviembre, último día del actual período ordinario, y previo al recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando se incorporarán nuevos senadores, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asumirá la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, compuesto por 21 miembros. En este escenario, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier norma que limite el uso de los DNU, a los que considera una herramienta indispensable para sostener su programa de gobierno. Tras la renovación parlamentaria, el oficialismo y sus aliados podrían consolidar una posición más fuerte, dificultando que la oposición alcance los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial. En paralelo al debate institucional, el clima interno en la Cámara Alta se ha tensado por el conflicto entre las autoridades y el gremio legislativo. El sindicato que encabeza Norberto Di Próspero denunció “persecución política e ideológica” y realizó una movilización en el Palacio Legislativo en defensa de los trabajadores. La protesta surgió tras el intento de remover a la directora de Personal, Mónica Nieto, y las denuncias de presiones contra dos funcionarias cercanas a Villarruel. Ante la escalada, la vicepresidenta dispuso una reestructuración administrativa el 30 de octubre, que incluye la recategorización del personal de menor antigüedad y la evaluación de un incentivo por presentismo. Con estas medidas, Villarruel busca desactivar el conflicto sindical y ordenar la gestión interna mientras el Senado transita un cierre de año atravesado por la disputa política, la puja gremial y el debate institucional sobre los límites del poder presidencial.