POLÉMICA POR “DISCAPACITADOS TRUCHOS”

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveló los resultados preliminares de las auditorías realizadas en la provincia del Chaco sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. Las inspecciones evidenciaron que más del 60% de los casos analizados no cumplían con los requisitos legales para recibir este beneficio. Las auditorías forman parte de un operativo iniciado este año por la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y se extienden a más de 1.250.000 beneficiarios en todo el país. En el Chaco, las revisiones pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich, aunque los operativos actuales se desarrollan bajo el mandato de Leandro Zdero. De los 2.689 beneficiarios chaqueños citados para las auditorías, el 87,17% (2.344 personas) asistieron a las convocatorias. De estos, apenas el 13,58% (365 casos) cumplieron con los requisitos para mantener la pensión. En cambio, el 66,79% (1.796 casos) resultaron desfavorables y serán dados de baja, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud a cargo de Mario Iván Lugones. Por otro lado, el 12,83% (345 beneficiarios) no se presentaron y el 6,81% (183 casos) permanecen en fiscalización médica. Las investigaciones revelan un esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios, quienes facilitaban la entrega de pensiones a personas sin discapacidades reales. Entre los casos más insólitos, se encontraron expedientes con diagnósticos falsos, radiografías apócrifas e incluso documentos adulterados utilizando matrículas de médicos sin su conocimiento. “En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania”, declaró el fiscal federal Carlos Amad, quien investiga la causa. En localidades como Taco Pozo, se descubrió que el 97% de las pensiones auditadas eran irregulares. Además, el intendente Carlos Antonio Ibáñez y otros ocho imputados enfrentan cargos por haber implementado un sistema de coimas y certificados falsos para aprobar los expedientes. Según un informe de la ANDIS, las irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas datan de más de una década y se agravaron entre 2003 y 2015, cuando el número de beneficiarios pasó de 80.000 a 1.050.000 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Este incremento sin precedentes continuó en la gestión de Alberto Fernández, alcanzando 1.250.000 beneficiarios en diciembre de 2023. El fiscal Amad también destacó el perjuicio económico causado por estas maniobras, estimando un desfalco anual de 3.400 millones de dólares. Desde la Casa Rosada apuntaron a las gestiones anteriores, acusándolas de utilizar las pensiones como moneda de cambio para favores políticos, en desmedro de quienes realmente necesitan el beneficio.