Con el impulso político tras las últimas elecciones, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda la reforma laboral y se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que promete abrir un debate intenso. La iniciativa se elaborará en el marco del Consejo de Mayo, espacio coordinado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que reúne a representantes de las provincias, el Parlamento, los empresarios y los trabajadores. El texto final, que ingresará al Congreso a partir del 15 de diciembre, incorporará los aportes de la diputada libertaria Romina Diez, autora de una propuesta que busca “promover las inversiones y el empleo a través de medidas de incentivo en línea con la Ley Bases”. Su proyecto es acompañado por los diputados oficialistas Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni y Lilia Lemoine, entre otros. Según adelantó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, la reforma pretende institucionalizar un nuevo modelo de relaciones laborales, actualizando las condiciones que regulan el vínculo entre empleadores y empleados, y extendiendo las modificaciones al trabajo agrario. El enfoque apunta a fomentar la contratación, dinamizar el mercado laboral y facilitar la formalización del empleo. Entre las medidas analizadas se incluyen la creación de bonos de crédito fiscal, la articulación entre programas de asistencia y empleo registrado y una serie de incentivos económicos para las nuevas contrataciones, condicionados al cumplimiento de requisitos y límites definidos por la normativa. En paralelo, el secretario de Empleo, Julio Cordero, subrayó ante el Congreso que “la producción y el trabajo requieren un sector privado enorme y protegido, porque sin seguridad jurídica, el sector se retrae y eso genera pobreza y desesperanza”. Uno de los ejes centrales del debate será la prioridad de los convenios colectivos por empresa frente a los convenios por actividad. Actualmente, los acuerdos sectoriales prevalecen, pero el oficialismo propone que los convenios empresariales puedan adaptarse mejor a las particularidades productivas y regionales. El proyecto también impulsa la incorporación de un salario dinámico por mérito y productividad, en reemplazo del esquema tradicional indexado por inflación. La iniciativa busca premiar el desempeño individual y colectivo, alineando los ingresos a los resultados y la eficiencia. “El modelo anterior, centrado en la inflación, está agotado. Queremos pasar a un sistema que reconozca el esfuerzo y fomente la productividad”, sostienen en el oficialismo. La reforma contempla además la digitalización de los procesos de registro laboral, la reducción de trámites burocráticos, la posibilidad de pactar el pago de salarios en distintas monedas y la implementación de bancos de horas para flexibilizar la organización del trabajo. Según fuentes del Gobierno, el objetivo no es eliminar derechos laborales sino modernizar y simplificar las normas para generar “más empleo formal y de calidad en un marco legal ágil que acompañe los cambios del mundo productivo actual y futuro”.
SE VIENE LA REFORMA LABORAL
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