MILEI MUEVE PIEZAS SINDICALES

El Gobierno nacional avanzó en la puesta en marcha de la Ley de Modernización Laboral, al reglamentar aspectos clave de la reforma aprobada por el Congreso. A través de los decretos 406, 407, 408 y 409, el Ejecutivo delineó un nuevo esquema que abarca convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones, empleo registrado y cuestiones tributarias. El Decreto 407/2026 redefine el terreno de la negociación colectiva: fija criterios para determinar la caducidad de los convenios, introduce controles sobre la representatividad gremial y establece un formato obligatorio para los recibos salariales, que deberán detallar el costo laboral total afrontado por el empleador. También se modifican las condiciones del crédito horario sindical y se habilitan mecanismos de verificación de afiliados mediante cruces con el SIPA. En paralelo, el Decreto 408/2026 reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento destinado a financiar indemnizaciones sin alterar el régimen vigente. Los aportes se canalizarán a través de ARCA y se administrarán mediante fideicomisos supervisados por la CNV. El sistema entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y prevé una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte realizado. El Decreto 409/2026 crea el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que ofrece condonaciones de deudas previsionales de hasta el 90% para micro y pequeñas empresas, y porcentajes menores para medianas y grandes. Además, las obligaciones vinculadas a obras sociales y seguros obligatorios quedarán eximidas en su totalidad. Finalmente, el Decreto 406/2026 introduce cambios tributarios: exime del Impuesto a las Ganancias los ingresos provenientes de alquileres de inmuebles destinados a vivienda y ciertas operaciones inmobiliarias, aplicables desde el 1 de enero de 2026. Con este paquete normativo, el Gobierno busca reordenar el sistema laboral argentino, reforzar la transparencia en los costos, limitar excesos en la negociación colectiva y fomentar la formalización del empleo. La medida, presentada como un paso hacia la modernización y la competitividad, abre un nuevo capítulo en la relación entre Estado, sindicatos y empresas.