AJUSTE SIN RESPIRO

La política económica avanza con diagnósticos y promesas de estabilidad, pero la vida cotidiana de la clase media se convierte en un terreno áspero donde cada factura y cada recibo son recordatorios de que la recomposición de precios no es un concepto abstracto. Marzo de 2026 dejó un dato contundente: la canasta de servicios para una familia tipo trepó a los $2.980.339 mensuales, un salto del 22,25% respecto de noviembre. El número no sólo desnuda la magnitud del ajuste, sino que expone su carácter desigual: mientras la inflación acumulada del período se mantuvo por debajo del 10%, los rubros históricamente rezagados se dispararon. El alquiler sigue siendo el corazón del problema. En el Gran Buenos Aires, un tres ambientes pasó de $760.860 a $827.599 en apenas cuatro meses, tras un 2025 marcado por subas del 51% y un mercado inmobiliario que aún no logra recomponerse tras la derogación de la Ley de Alquileres. A esto se suman expensas que crecen al 9,12% y arrastran morosidad en edificios donde hasta el 20% de los vecinos no puede cumplir. Las tarifas públicas, convertidas en símbolo del ajuste, muestran su propia dinámica: la electricidad sin subsidios saltó de $37.098 a $53.744; el gas natural, bajo el nuevo esquema de tarifa plana, se ubica en $27.276; y el agua con cloacas acumula subas mensuales del 4%, llevando la boleta a $36.486. El transporte, tanto público como privado, se encarece por encima del promedio: $89.381 mensuales en colectivos y trenes, mientras que el uso moderado del automóvil implica $72.947 en combustible y $146.020 en seguro. Los servicios esenciales, salud y educación, se transforman en un lujo difícil de sostener. Dos hijos en un colegio privado de nivel medio demandan $605.794 mensuales, y la prepaga básica familiar alcanza los $647.044. La conectividad, indispensable en la vida moderna, suma su propia carga: $81.202 de internet, $32.762 de cable y $26.698 de streaming. El resultado es una estructura de consumo rígida, donde los gastos no admiten recortes sin afectar la calidad de vida. La canasta de servicios acumula un 57,5% interanual, muy por encima de la inflación, y revela que la desaceleración macroeconómica aún no se traduce en alivio microeconómico. En este escenario, la política se enfrenta a un dilema: los avances en estabilidad y reformas estructurales, como la modernización laboral o la eliminación progresiva de restricciones cambiarias, requieren tiempo para impactar en los bolsillos. La ausencia de elecciones hasta 2027 abre una ventana de oportunidad para consolidar medidas y profundizar consensos. Pero mientras tanto, la clase media vive la paradoja de escuchar discursos de recuperación mientras ajusta su presupuesto con calculadora en mano.