La pulseada por la reforma laboral ingresó en su fase más sensible, con señales cruzadas entre la Casa Rosada y los gobernadores. En Córdoba, el encuentro entre Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro funcionó como mensaje político al Gobierno nacional: hay consenso sobre la necesidad de modernizar el régimen laboral, pero no a cualquier costo. Ambos mandatarios coincidieron en que el marco vigente requiere actualización frente a los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas productivas, y remarcaron la urgencia de aliviar la carga que la litigiosidad laboral impone sobre las PyMEs. Sin embargo, marcaron un límite claro: “no acompañarán un proyecto que recorte recursos provinciales a través de cambios impositivos que afecten la coparticipación”. La cumbre se dio mientras el oficialismo acelera las negociaciones para llevar el proyecto al Senado el 11 de febrero. En ese tablero fragmentado, los gobernadores dialoguistas miden cada movimiento, evaluando apoyos en función de costos políticos y fiscales. Según datos técnicos, de aprobarse la iniciativa en su redacción actual, la reforma podría comprometer más de $3,1 billones de la masa coparticipable, un impacto directo sobre los presupuestos provinciales. En particular, Llaryora y Pullaro cuestionaron la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas y advirtieron que una baja de impuestos no debería concentrarse en tributos compartidos, cuando existen gravámenes nacionales que podrían revisarse. Pullaro subrayó que Santa Fe y Córdoba son provincias que empujan la producción y el empleo, y sintetizó la posición del interior: no reclaman asistencia, sino reglas que permitan trabajar. Llaryora, por su parte, anticipó que sus legisladores analizarán el proyecto “artículo por artículo”, reflejando las diferencias internas y la cautela frente al texto oficial. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzó con su propia ronda de contactos y obtuvo señales de respaldo de al menos cinco gobernadores: Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Alberto Weretilneck. Según el comunicado oficial tras el último encuentro, con el mandatario rionegrino, coincidieron en que la modernización laboral es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y facilitar la incorporación de trabajadores a la economía formal. El oficialismo también reforzó el frente técnico. En los últimos días, el equipo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado mantuvo reuniones con asesores de senadores aliados y con más de veinte instituciones empresariales y sectoriales, entre ellas la CAME, la UIA, la CAC, Camima y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. La comisión que coordina Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario Cristian Larsen, encabezó esos encuentros con el objetivo de llegar al recinto con el mayor consenso posible. Patricia Bullrich, en tanto, convocó a su bancada para el 2 de febrero, de cara a la definición del temario de las sesiones extraordinarias habilitadas por el presidente Javier Milei entre el 2 y el 27 del mes próximo.
REFORMA LABORAL CON FRENO
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