EXPORTAR O EXTINGUIRSE

La Argentina atraviesa una economía de “dos velocidades” que profundiza la brecha productiva y tensiona el tablero político. Mientras la Casa Rosada celebra el superávit comercial como bandera de gestión, apuntalado por la primarización y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el entramado de pequeñas y medianas empresas denuncia un escenario de asfixia y colapso. El contraste es evidente: las estadísticas macroeconómicas que exhibe el oficialismo chocan contra la parálisis de las fábricas locales, marginadas de un modelo que privilegia a los grandes conglomerados exportadores. La decisión del presidente Javier Milei de recortar subsidios a sectores productivos y de consumo aceleró la crisis, y cada vez más empresarios golpean las puertas del Palacio de Hacienda en busca de un plan de auxilio que evite cierres masivos y el avance de la informalidad laboral. El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó entrever cierta sintonía con los reclamos, consciente de que un alivio al consumo podría traducirse en réditos electorales en 2027. Sin embargo, la falta de definiciones concretas y la resistencia pragmática de la Casa Rosada mantienen en suspenso cualquier medida. “Se va a ajustar de acuerdo al impacto social y su efecto en las urnas”, deslizaron algunos industriales tras sus reuniones en el quinto piso del Mecon. Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), sintetizó el malestar con un diagnóstico crudo: el mercado interno acumula más de ocho meses de caída continua, arrastrando a sectores intensivos en empleo como el textil, el metalúrgico y el calzado. El derrumbe del consumo derivó en una ola de concursos preventivos, que crecieron 130% en 2025 respecto de 2023, y en una pérdida promedio de 34.000 puestos de trabajo mensuales. La reconversión hacia la importación, vista como salida transitoria, también se agotó: el sobrestock y la falta de ventas dejaron a las empresas sin margen de maniobra. “El problema de la Argentina hoy es que no hay ventas”, advirtió Rosato, quien además denunció competencia desleal por productos que ingresan a precio dumping. En paralelo, las PyMEs impulsan un proyecto de emergencia económica, laboral y fiscal que permanece trabado en el Senado. La iniciativa busca frenar embargos y despidos por un año, otorgar facilidades de pago y créditos blandos. Pero la falta de voluntad política bloquea su avance. La tensión se agrava con la aprobación del “súper RIGI”, que garantiza beneficios extraordinarios a las grandes corporaciones mientras las fábricas de menor escala sobreviven sin financiamiento, bajo alta presión tributaria y en desventaja competitiva. Incluso el Fondo Monetario Internacional alertó sobre el sesgo del esquema. En este escenario, la política económica del oficialismo se convierte en un campo de disputa: entre el relato de éxito que exhibe el Gobierno y la crisis silenciosa que amenaza con extinguir miles de pequeñas industrias, el desenlace no sólo será económico, sino también electoral.