La escena de taxis detenidos frente a surtidores apagados resume más que una contingencia técnica: expone el costado político de una crisis que el Gobierno intenta contener sin éxito. El desabastecimiento de GNC en el área metropolitana, atribuido oficialmente a la ola de frío, revela un entramado de decisiones improvisadas, licitaciones frustradas y sospechas de negocios opacos que vuelven a poner al sector energético en el centro del debate. Las distribuidoras activaron el protocolo de emergencia y suspendieron los contratos interrumpibles, esos que se ofrecen a menor costo pero se cortan cuando la demanda prioritaria, hogares primero, industrias después, exige liberar presión en la red. El resultado fue inmediato: estaciones cerradas y cupos estrictos en plena antesala del invierno. La paradoja es que el sistema colapsa antes de que lleguen las temperaturas más duras, lo que deja al descubierto fallas estructurales en la planificación. El intento oficial de trasladar a privados la compra de gas natural licuado (GNL) terminó en retroceso: las ofertas duplicaron los valores históricos y la licitación se cayó. De los más de veinte buques necesarios para garantizar el suministro, apenas uno está confirmado. El silencio oficial sobre el precio del cargamento contratado a Naturgy alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso y refuerza las críticas hacia funcionarios bajo investigación judicial. En los pasillos del sector circula una hipótesis incómoda: que los cortes de GNC no responden sólo a la demanda, sino a una estrategia deliberada de productores para evitar asumir el costo de importar GNL a precios récord. Voces técnicas, como la del ex funcionario Mario Cairella, advierten sobre un “riesgo de colapso” en un contexto de desregulación y falta de previsión. Mientras el Gobierno insiste en liberar capacidad de transporte y dejar al mercado la asignación del recurso, las consecuencias son claras: tarifas en alza, subsidios que se disparan y un sistema que exhibe su vulnerabilidad. En este tablero, la energía deja de ser un tema técnico para convertirse en terreno de disputa política, donde cada decisión administrativa se traduce en un gesto de poder y cada apagón, en una señal de desgaste institucional.
LA PULSEADA DEL INVIERNO
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