AUDIENCIA DE ALTO VOLTAJE

El viernes 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, el Tribunal Oral Federal N.º 5 abrirá una audiencia preliminar que promete marcar el pulso de una de las causas más sensibles de la última década: Hotesur-Los Sauces, el expediente que tiene en el banquillo a Cristina Fernández, a su hijo Máximo y a un entramado de empresarios y allegados. La cita no es menor. Tras años de idas y vueltas, el tribunal conformado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, busca ordenar la prueba, fijar límites y evitar nuevas dilaciones antes de que el juicio oral finalmente se ponga en marcha. El fiscal Diego Velasco había reclamado saltar directamente al debate, pero su recurso fue rechazado: los jueces entendieron que sin las pericias contables completas, el proceso carecería de sustento sólido. El tribunal espera aún la segunda pericia sobre Los Sauces y un informe comparativo con las tasaciones oficiales de los inmuebles. Solo entonces se podrá definir la lista de testigos y establecer un cronograma para el juicio oral. Además de la expresidenta y su hijo, figuran Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, el excontador Víctor Manzanares, escribanos como Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz, el exgobernador Carlos Sancho y los hijos de Báez. La hipótesis central: que los pagos de empresas vinculadas a Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner funcionaron como pantalla para canalizar fondos de origen ilícito. La causa se enlaza directamente con el caso Vialidad, donde ya hubo condenas contra Cristina Fernández y Báez por desvío de fondos públicos. Según la acusación, Hotesur y Los Sauces habrían servido para dar apariencia legal a esos retornos, mediante facturas emitidas a Austral Construcciones y contratos simulados. La fiscalía sostiene que entre 2009 y 2013 Báez pagó más de 27 millones de pesos a través de Valle Mitre por la explotación de hoteles como el Alto Calafate, con ingresos adicionales de 11 millones provenientes de habitaciones que nunca se ocuparon. A ello se suman operaciones que podrían configurar el delito de dádivas, al involucrar a una funcionaria pública en vínculos comerciales con contratistas del Estado. Florencia Kirchner, por su parte, ya fue sobreseída: al momento de los hechos era menor de edad.