“RIGI RECARGADO”

La Cámara de Diputados se prepara para un debate que promete marcar un hito en la política económica del país. En sesión especial, se pondrá sobre la mesa el proyecto de Súper RIGI, una iniciativa del gobierno de Javier Milei que busca atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales considerados estratégicos para el futuro argentino. El oficialismo plantea un régimen diferenciado del RIGI vigente, orientado exclusivamente a actividades que aún no tienen desarrollo comercial en el país o que permanecen en etapa experimental. La propuesta pretende convertir a la Argentina en un destino atractivo para capitales internacionales en áreas de frontera como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, reactores nucleares de pequeña escala, vehículos eléctricos y tecnología aeroespacial. El esquema contempla beneficios fiscales y regulatorios de largo plazo: reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones en derechos de importación y exportación, estabilidad normativa por 30 años y acceso más flexible al mercado de cambios. Para ingresar al régimen, las inversiones deberán superar los 1.000 millones de dólares, con un desembolso inicial del 20% en los primeros dos años. Además, las provincias y municipios deberán adherir expresamente para que los proyectos radicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. El texto, que sufrió ocho modificaciones desde su versión original, consiguió 61 firmas de apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales. La oposición, encabezada por Unión por la Patria, cuestiona el alcance de los incentivos y advierte sobre el impacto fiscal. En paralelo, el oficialismo también impulsa el acuerdo de pago a dos fondos buitre por 171 millones, correspondiente a bonos en default desde 2001. Ambas iniciativas, el Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts, forman parte de la estrategia del Gobierno para reforzar su proyección internacional y acelerar la llegada de capitales, con la expectativa de diversificar la matriz productiva y generar empleo calificado.