BAHÍA BLANCA: MILEI VETÓ LEY DE EMERGENCIA

El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las devastadoras inundaciones de marzo, y que contemplaba la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de la zona. El argumento oficial fue la “restricción presupuestaria”, aunque en paralelo el gobierno dispuso una partida diez veces mayor para el pago de deuda externa. La ley había sido sancionada con un amplio consenso político: fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de junio con 153 votos afirmativos y la única oposición de La Libertad Avanza. En el Senado, incluso el bloque oficialista acompañó por unanimidad la iniciativa. La norma preveía la declaración de emergencia por 180 días, la creación de un fondo específico para obras de infraestructura y asistencia directa a los damnificados, y una línea de créditos blandos del Banco Nación para la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, el presidente decidió vetarla por completo. En su fundamentación, Milei argumentó que ya existe un fondo de asistencia directa creado por decreto, por el mismo monto, y que ya se pagó un subsidio a más de 32 mil afectados, con otros 4 mil casos en evaluación. Consideró, por lo tanto, “innecesario” duplicar el auxilio financiero. Además, justificó el veto señalando que la ley no especifica la fuente de financiamiento, lo que, según el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, impide autorizar gastos no previstos sin detallar los recursos que los solventarán. La decisión generó fuertes críticas debido a que, en la misma edición del Boletín Oficial, el Gobierno nacional asignó más de 2 billones de pesos al pago de deuda mediante el DNU 425, una suma diez veces superior a la destinada para las necesidades de emergencia en Bahía Blanca. Esta reasignación presupuestaria fue parte de una modificación más amplia del Presupuesto 2025. El veto refuerza el enfoque fiscalista del Gobierno, pero deja a miles de familias damnificadas sin una ley que garantice apoyo integral y a mediano plazo para la recuperación de una de las catástrofes climáticas más graves del año.