AUTOPISTA EN CONFLICTO

La decisión del presidente Javier Milei de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe encendió una nueva chispa en la relación con la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof y su equipo remarcaron el contraste con la gestión de Martín Pullaro, que logró un acuerdo inmediato con la Casa Rosada, mientras que el reclamo bonaerense por la Autopista Presidente Perón sigue sin respuesta. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, fue quien salió al cruce. Denunció que el Gobierno nacional privilegia a Santa Fe y posterga un pedido estratégico para la provincia más poblada del país. “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”, lanzó en redes sociales, apuntando también contra Diego Santilli, a quien vinculó con las decisiones de Nación y con su eventual candidatura a gobernador por el espacio libertario. El convenio con Pullaro implica que Santa Fe asuma la gestión y ejecución de obras sobre una traza clave para la logística del Gran Rosario. La provincia ya licitó trabajos por 5.000 millones de pesos y consiguió financiamiento internacional de la CAF por 150 millones de dólares. En La Plata, la comparación es inevitable: Buenos Aires reclama hacerse cargo de la Autopista Presidente Perón, una obra pensada para descongestionar accesos y mejorar la circulación en el área metropolitana, pero paralizada desde hace casi tres años. Para Kicillof, el tema excede lo técnico y se convierte en bandera política. Su administración denuncia un trato discriminatorio y acusa a Nación de bloquear proyectos estratégicos por diferencias partidarias. La tensión se suma a otro conflicto: la negativa del Gobierno nacional a otorgar avales para que Buenos Aires acceda a créditos internacionales, como el de 270 millones de dólares destinado a una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Gran La Plata. En ese escenario, Katopodis buscó instalar la discusión electoral: mientras Nación habilita acuerdos con provincias gobernadas por opositores, Buenos Aires recibe un trato restrictivo. La crítica también alcanza a Santilli, a quien el oficialismo bonaerense exige definiciones sobre una política nacional que, según denuncian, perjudica directamente a millones de bonaerenses.