POLÉMICO PROYECTO LIBERTARIO

En la Legislatura bonaerense, el diputado libertario Agustín Romo impulsó un proyecto que busca imponer aranceles a ciudadanos extranjeros sin residencia permanente por el uso de hospitales públicos y universidades estatales. La propuesta, respaldada por la mayoría de su bloque y acompañada por la firma de Alejandro Rabinovich (PRO), se fundamenta en la necesidad de administrar con mayor rigor los recursos de la provincia de Buenos Aires. El texto establece que los extranjeros deberán solventar las prestaciones médicas mediante seguros de salud, terceros responsables o el pago directo de aranceles. Sin embargo, se garantiza la atención inmediata en casos de emergencia que impliquen riesgo de vida, con el recupero de gastos gestionado posteriormente. También se exceptúa del cobro a las víctimas de trata y a quienes reciban vacunación o tratamientos vinculados a enfermedades transmisibles. En el ámbito universitario, la iniciativa dispone que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente abonen una retribución por sus estudios de grado. Cada institución será responsable de fijar los montos y modalidades de pago, mientras que el Ministerio de Salud y las universidades deberán publicar anualmente estadísticas sobre prestaciones, estudiantes alcanzados, montos facturados y destino de los recursos. Romo defendió la propuesta señalando que “los recursos de la provincia son limitados y deben priorizar las necesidades de los bonaerenses”. En sus fundamentos, aclaró que el proyecto no busca negar la atención médica ni desconocer la dignidad de las personas, sino garantizar que quienes no tengan residencia permanente afronten el costo de los servicios que utilizan. El diputado Juanes Osaba, alineado con Sebastián Pareja, también respaldó la iniciativa: “Los servicios públicos deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra provincia. No se niega la atención de urgencia, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado”. La propuesta abre un debate político sensible: cómo equilibrar el principio de acceso universal a la salud y la educación con la necesidad de preservar los recursos provinciales para quienes sostienen el sistema con sus aportes.